Con el apoyo de policías de Cuautitlán Izcalli, estado de México, que portaban armas de alto poder y sin mediar una orden o notificación, Banca Mifel se “apoderó ilegalmente” de los predios ubicados en Guerrero 81-85 y Violeta 71, colonia Guerrero, los cuales fueron comprados hace 20 años por 54 familias que firmaron un acuerdo con el Instituto de Vivienda para que ahí construyera igual número de departamentos y dos locales comerciales.

Pese a existir dos amparos para que no procediera un desalojo, el 21 de octubre los vecinos fueron “sacados de su hogar porque Mifel interpuso el año pasado una demanda por despojo”, denunció Lorena García Alonso.

La representante de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes señaló que cuatro días antes, el juez de control Agustín Moreno Gaspar ordenó a la Fiscalía General de Justicia proceder a la restitución provisional del inmueble a dicha institución.

“De manera expedita actuaron con el apoyo de policías mexiquenses, que están fuera de su jurisdicción y se mantienen afuera del inmueble que se apropió Banca Mifel mediante dos juicios simulados, donde gente muerta ratificó el contrato de compraventa”, argumentó.

La presunta compra de los predios fue en 2019, cuando tres de cinco vendedores: Antonio Remis Prieto y los hermanos Pedro y José Manuel Remis San Pedro habían fallecido en 2001, 2008 y 2016, y no pudieron haber ratificado el otorgamiento y firma de la escritura.

Además, se hizo una fusión ilegal del predio de Violeta 71 con los número 67, 73 y 75, donde la inmobiliaria Buen Hogar pretendía construir 119 departamentos –con costo de 2.4 millones, en promedio– y 100 cajones de estacionamiento.

Hace un año, recordó, Banca Mifel intentó un desalojo con apoyo de la fuerza pública, sin éxito, por lo que el Invi interpuso un amparo y otro los vecinos, y un juez federal concedió la suspensión definitiva en ambos casos.

El Invi, asimismo, interpuso una denuncia por fraude ante la FGJ, la cual “no ha procedido, pero sí la de Banca Mifel, por lo que solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México su intervención y evitar que “la mafia inmobiliaria se quede con un predio que fue adquirido por 54 familias”, dijo.