Ciudad de México. Gracias a la coordinación pactada entre las distintas instancias responsables del esclarecimiento y justicia del Caso Ayotzinapa a principios del sexenio –Comisión para la Verdad y la Justicia (COVAJ), la Unidad Especial para la Investigación y Litigación (UEILCA) y la Fiscalía General de la República-- se logró en los últimos tres años acceder a indicios cruciales que el gobierno anterior había ocultado. Frente a estos avances, las familias de los 43 normalistas llegaron a expresar su esperanza de que “ahora sí” llegarían a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos. Y se les haría justicia.

En agosto de este año aparecieron señales de que ese acuerdo interinstitucional empezaba a resquebrajarse. En palabras de los integrantes del GIEI, “en últimas semanas hubo acontecimientos apresurados”. Agregan -- en un artículo publicado por The Washington Post el 10 de agosto, firmado por los cuatro: Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox-- que la investigación enfrenta ahora “una disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento”.

Esas señales afloraron el 18 de agosto, durante la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los organismos investigadores, el gabinete en pleno, padres y madres de las víctimas, sus defensores y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En esa ocasión, Alejandro Encinas, cabeza de la COVAJ, presentó nuevos elementos de la investigación, impresionantes y dolorosos.

Las familias, sus representantes y los expertos del GIEI escucharon atónitos, porque no conocían esa información: indicios de cómo asesinaron y ocultaron los cuerpos de los 43, que habían sido separados en al menos tres grupos y llevados a distintos lugares, después del 26 y 27 de septiembre, incluso seis de ellos al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Todo ello, derivado de capturas de texto de celular, entregadas por “una fuente”.

El comandante del batallón, en ese momento coronel y hoy general José Rodríguez Pérez, está preso en Campo Militar. Los otros tres militares involucrados y detenidos son el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora Esquivel. El 13 de octubre un juez les concedió un amparo.

Cinco semanas después, The New York Times publicó una versión de declaraciones del subsecretario Encinas en las que supuestamente admite que, después de un segundo análisis de los textos entre miembros del grupo criminal, tuvieron que desechar algunos. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Al día siguiente, Encinas respondió que “no fue así” lo declarado al diario y que las capturas de texto aludidas son solo una parte de 150 elementos considerados relevantes y que 12 “fuentes complementarias” dieron testimonios coincidentes. “Hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes”.

¿Finaliza o continúa la labor del GIEI?

Entre estas dudas y contradicciones este lunes 31 de octubre expira la prórroga del GIEI, que tenía un objetivo preciso: corroborar las evidencias presentadas el 18 de agosto por Encinas para determinar “la fiabilidad de esta prueba de acuerdo con los estándares internacionales”.

Si continúa o concluye el trabajo de este organismo interamericano, esencial para contar con la confianza del colectivo de papás y mamás de los 43, se conocerá este lunes en la conferencia de prensa que ofrecerán sus integrantes.

Hace un mes, durante su presentación del tercer informe de la GIEI, el grupo denunció la “injerencia indebida” de la FGR en la investigación. Sin embargo, consideraron que aun había condiciones para seguir la búsqueda de verdad. En esos días todavía reverberaba el desconcierto generado por el repentino retiro del fiscal especial Omar Trejo, los tres ministerios públicos y los 15 policías que tenía asignada su unidad, lo mismo que el traslado de todas las carpetas de investigación, todo por órdenes de la FGR.

El GIEI había respaldado los expedientes que trabajó la UEILCA –y que se desglosan en el tercer informe— donde hay evidencias diversas de la participación de las 83 personas (21 de ellos militares) contra quienes se pidieron inicialmente órdenes de aprehensión por los hechos de la noche de Iguala y en la conexión de tráfico de heroína Iguala-Chicago.

También son chats de comunicaciones por celular, las famosas Blackberries de Guerreros Unidos, pero de índole distinta a los pantallazos de la COVAJ. Estas pruebas fueron aportadas en julio de este año por la fiscalía en Illinois a petición del exfiscal Omar Gómez Trejo (y con la ayuda de una gestión presidencial). El GIEI había insistido al gobierno mexicano solicitar estas conversaciones, debidamente verificadas por los fiscales estadunidenses, desde 2015, cuando dieron a conocer su primer informe.

En esa ocasión, el grupo estableció como una de sus principales recomendaciones lo siguiente: “Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes”. Esa es, justamente, la línea de investigación que profundizan los mensajes facilitados por Chicago.

Los chats de Blackberry y los pantallazos de la COVAJ

Son parte de una investigación del Departamento de Justicia de Chicago sobre el trasiego de heroína desde Iguala hasta esa ciudad al norte de Estados Unidos. Son 12 mensajes que contienen menciones específicas de “jales” que realizaban los narcotraficantes con complicidad de militares de la zona, donde se mencionan “niños”, “floreros” o “regalos” como claves para los paquetes de droga y “comidas” y “sopa de cangrejo” en alusión a la entrega de dinero (soborno) a quienes protegen la red de traslado vía autobuses de línea. A los miembros de la Marina se les identifica como marinela. De las instalaciones militares de la zona mencionan a “Crespo” –comentan “es a toda madre” y al Hernández Nieto. También a un “Nava” y a “Valla”, alusión a Vallarta, jefe de la policía de Iguala.

Parte de esta averiguación, incompleta y tardía, permaneció guardada en los cajones de la SIEDO y la PGR de Murillo Karam y apenas empezaba moverse y avanzar.

Del nuevo enfoque que imprimió el ahora ex fiscal a estos mensajes –estos sí analizados por el GIEI-- se derivaron los 81 pedidos de arresto de la UEILCA, cancelados casi inmediatamente a petición de la FGR. Estaban además sustentados en otros elementos: peritajes, escuchas telefónicas y declaraciones ministeriales de testigos protegidos.

En cuanto a la posibilidad de que se reviertan las cancelaciones de las órdenes de aprehensión, el lunes 24, al salir de una reunión con el presidente, el abogado del colectivo de familiares Vidulfo Rosales, informó a La Jornada que, ante los señalamientos de los padres y las madres, se acordó que, si hay elementos, se buscará reactivar los 21 mandatos de arresto.

Entre los “actos apresurados” de los que habla el GIEI, fue la forma como se manejaron las peticiones de detención por parte de la FGR, que las trasladó a un MP no familiarizado con el caso y concedidas por un juez que tampoco conocía los expedientes. En consecuencia, ni 83 arrestos ni 21, entre estos 16 militares. Solo han sido detenidos cuatro.

Lo que está en juego es, entre otras cosas, la posibilidad de someter a un juicio justo y fundamentado al exprocurador Murillo Karam, que durante cuatro años operó para ocultar la verdad y proteger a responsables clave de las 43 desapariciones y tres asesinatos de normalistas (Julio César Nava, Daniel Solís y Julio César Mondragón). Su arresto, el pasado 19 de agosto, ejecutado por la FGR, no por la UEICA, “más bien pareció para la foto que para llegar a fondo”, expresó un integrante del GIEI. El caso fue presentado ante un juez y una ministerio público ajenos a la investigación, con una acusación mal integrada; una puerta sin candado bien conocida por el sistema judicial mexicano.

El resto de las órdenes fueron procesadas del mismo modo. Un Ministerio Público (tampoco familiarizado con el caso) recibió los expedientes y cuando la FGR pidió su revocatoria, otro juez ajeno a los casos las concedió. En consecuencia, ni 83 arrestos ni 21, entre estos 16 militares. Solo han sido detenidos cuatro: general José Rodríguez Pérez, capitán José Martínez Crespo, subteniente Fabián Pirita y sargento Eduardo Mora, que en días recientes lograron sus respectivos amparos.

Señalados en los informes del GIEI…y beneficiados

Entre los beneficiaros de las revocaciones hay militares y civiles que en investigaciones anteriores, documentadas en detalle en los informes del GIEI de 2015 y 2016, aparecen con distintos grados de responsabilidad en el encubrimiento y en escenarios del crimen.

Está, por ejemplo, el teniente Joel Gálvez, del 41 Batallón de Infantería. Su teléfono fue ubicado en distintas escenas del crimen la noche de Iguala, entre otras frente al Palacio de Justicia, donde fueron agredidos dos autobuses y de donde desaparecieron casi todos los muchachos. También se le vio en la caseta de salida de Iguala, por donde pasó sin problemas el quinto autobús secuestrado, de Estrella Roja, presumiblemente cargado con heroína o dinero, y que llegó sin problemas a Jojutla. Lo corroboran testigos protegidos.

También es beneficiario el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, encargado de las tareas de inteligencia del 27 Batallón. Es a él a quien reportan en tiempo real los dos soldados infiltrados en Ayotzinapa, de los órganos de Búsqueda de Información. Y él, a su vez, reporta a su comandante el entonces coronel José Rodríguez Pérez, ahora general, detenido en Campo Militar Número Uno.

También hay civiles en la lista de beneficiados que tuvieron un rol relevante en esos hechos. Uno es el exprocurador estatal Iñaki Blanco. Su papel en los primeros meses de la investigación en acciones de encubrimiento y negación de justicia es evidente. Entre otros señalamientos, la GIEI ha evidenciado su papel en el “extravío” de los videos grabados por las cámaras del Palacio de Justicia la noche del 26, videos clave, ya que fue ahí, en esa escena de los hechos de Iguala, de donde se llevaron a un gran grupo de jóvenes que desaparecieron. También es señalado como encubridor por escuchas telefónicas conocidas previamente y en declaraciones de testigos protegidos.

Otro es el juez de barandillas de Iguala Ulises Bernabé, quien recibió a los normalistas que le fueron llevados por la policía municipal después de que fueron detenidos. En su presencia, sin que lo impidiera, los agentes se los volvieron a llevar para entregarlos al grupo criminal. Son algunos de los desaparecidos.

El 26 de septiembre, octavo aniversario de los hechos de Iguala --la herida abierta-- fue una jornada de ira y protesta. En algunas concentraciones el coraje se desbordó, como frente a la embajada de Israel, donde protestaron por la negativa de ese gobierno de entregar al encubridor Tomás Zerón, que huyó a ese país donde México no tiene tratado de extradición. Y mucho peor, el vandalismo que se desencadenó, como nunca, frente al Campo Militar.

Mientras, resuenan las palabras de un papá de Ayotzinapa que, frente a Palacio Nacional, dijo con gran pesar: “Había un pequeño avance con este gobierno, pero cuando se llegó al punto de tocar al ejército … ahí todo se vino para abajo”.