A más de nueve meses de que el gobierno mexicano obtuvo órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su involucramiento en la operación Rápido y furioso, el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a diversas solicitudes de información formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR) y que darían lugar a deslindar responsabilidades de otros ex funcionarios en el trasiego ilegal de 2 mil armas de fuego que durante el gobierno de Felipe Calderón se distribuyeron a diversas organizaciones delictivas, entre ellas el cártel de Sinaloa.
En enero de este año el Ministerio Público Federal dio a conocer el libramiento de órdenes de captura, entre ellas una en contra del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien permanece preso en Estados Unidos; contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal (también detenido en territorio estadunidense), y Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México.
El operativo Rápido y furioso tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de Estados Unidos a México, con el supuesto propósito de identificar a sus usuarios, situación que ha sido calificada en esta administración federal de “absolutamente ilegal e inadmisible”.
Los datos que inicialmente proporcionó el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitieron, según la FGR, “establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde 2009 hasta fechas recientes”.
Actualmente la investigación sigue en curso por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). De acuerdo con información de autoridades federales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha respondido solicitudes que están relacionadas con los acuerdos alcanzados con autoridades mexicanas durante el gobierno de Felipe Calderón y si el ex mandatario aprobó esta operación, así como la participación que tuvo Marisela Morales, quien fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros.
Asimismo, indicaron las fuentes consultadas, están pendientes reportes relacionados con la identificación de armas utilizadas en diversas acciones violentas cometidas en México, sobre todo por integrantes del cártel de Sinaloa desde 2009, y la totalidad del tipo de armas y los números de cada una de las entregadas a organizaciones delictivas como parte del plan Rápido y furioso.
Los entrevistados refirieron lo mencionado en un pronunciamiento realizado en septiembre pasado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia: “Cabe señalar que la naturaleza propia de la investigación es de carácter complejo, ya que involucra situaciones acontecidas en ambos lados de la frontera, aunado a que durante su desarrollo se han presentado diversos obstáculos.
“A manera de ejemplo, a la fecha sigue pendiente la atención total a las solicitudes de asistencia jurídica internacional solicitadas al gobierno de Estados Unidos, sobre datos básicos, como son –entre otros– los datos de identificación de cada una de las armas que fueron introducidas ilegalmente a territorio nacional.”
