Gracias a la coordinación pactada entre las distintas instancias responsables del esclarecimiento y justicia del caso Ayotzinapa a principios del sexenio –Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), la Unidad Especial de Investigación y Litigación (Ueilca) y la Fiscalía General de la República (FGR)– se logró en los últimos tres años acceder a indicios cruciales que el gobierno anterior había ocultado. Frente a estos avances, las familias de los 43 normalistas llegaron a expresar su esperanza de que “ahora sí” llegarían a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos.

En agosto de este año aparecieron señales de que ese acuerdo interinstitucional empezaba a resquebrajarse. En palabras de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “en las últimas semanas hubo acontecimientos apresurados”. Agregan –en un artículo publicado por The Washington Post el 10 de agosto, firmado por los cuatro: Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox– que la investigación enfrenta ahora “una disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento”.

Esas señales afloraron el 18 de agosto, durante la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los organismos investigadores, el gabinete en pleno, padres y madres de las víctimas, sus defensores y el GIEI. En esa ocasión, Alejandro Encinas, cabeza de la Covaj, presentó nuevos elementos de la indagatoria, impresionantes y dolorosos.

Las familias, sus representantes y los expertos del GIEI escucharon atónitos, porque no conocían esa información: indicios de cómo asesinaron y ocultaron los cuerpos de los 43, que habían sido separados en al menos tres grupos y llevados a distintos lugares, después del 26 y 27 de septiembre, incluso seis de ellos al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Todo ello, derivado de capturas de texto de celular, entregadas por “una fuente”.

El comandante del batallón, en ese momento coronel y hoy general José Rodríguez Pérez, está preso en el Campo Militar 1. Los otros tres militares involucrados y detenidos son el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora Esquivel. El 13 de octubre un juez les concedió un amparo.

Cinco semanas después, The New York Times publicó una versión de declaraciones de Encinas en las que supuestamente admite que, después de un segundo análisis de los textos entre criminales, tuvieron que desechar algunos. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Al día siguiente, el subsecretario de Gobernación respondió que “no fue así” lo declarado al diario, que las capturas de texto aludidas son sólo una parte de 150 elementos considerados relevantes y que 12 “fuentes complementarias” dieron testimonios coincidentes. “Hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes”.

¿Finaliza o continúa?

Entre estas dudas y contradicciones, este 31 de octubre expira la prórroga del GIEI, que tenía un objetivo preciso: corroborar las evidencias presentadas el 18 de agosto por Encinas para determinar “la fiabilidad de esta prueba de acuerdo con los estándares internacionales”.

Si continúa o concluye el trabajo del grupo, esencial para contar con la confianza del colectivo de papás y mamás de los 43, se sabrá mañana, en la conferencia de prensa que ofrecerán sus integrantes.

Hace un mes, durante la presentación del tercer informe del GIEI, el grupo denunció la “injerencia indebida” de la FGR en la investigación. Sin embargo, consideró que aún había condiciones para seguir la búsqueda de verdad. En esos días todavía reverberaba el desconcierto generado por el repentino retiro del fiscal especial Omar Trejo, los tres ministerios públicos y los 15 policías que tenía asignada su unidad, lo mismo que el traslado de todas las carpetas de investigación, todo por órdenes de la FGR.

El GIEI había respaldado los expedientes que trabajó la Ueilca con evidencias diversas de la participación de las 83 personas (21 de ellas militares) contra quienes se pidieron inicialmente órdenes de aprehensión por los hechos de la noche de Iguala y en la conexión de tráfico de heroína Iguala-Chicago.

También son chats de comunicaciones por celular, las famosas Blackberries de Guerreros Unidos, pero a diferencia de los pantallazos de la Covaj, estos fueron aportados en julio de este año por la fiscalía en Illinois, a petición del ex fiscal Gómez Trejo (y con la ayuda de una gestión presidencial).

Desde 2015, cuando dio a conocer su primer informe, el GIEI estableció la siguiente recomendación: “Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes”. Esa es, justamente, la línea de investigación que profundizan los mensajes facilitados por Chicago.

Chats y pantallazos

Los chats de Blackberry son parte de una investigación del Departamento de Justicia de Chicago sobre el trasiego de heroína desde Iguala hasta esa ciudad. Son 12 mensajes que contienen menciones específicas de “jales” que realizaban los narcotraficantes con complicidad de militares de la zona, donde se mencionan “niños”, “floreros” o “regalos” como claves para los paquetes de droga y “comidas” y “sopa de cangrejo”, en alusión a la entrega de dinero (soborno) a quienes protegen la red de traslado vía autobuses de línea modificados. A los miembros de la Marina se les identifica como marinela. Entre los militares mencionan a “Crespo” –comentan “es a toda madre”– y un Hernández Nieto. También a un “Nava” y a “Valla”, en alusión a Vallarta, jefe de la policía de Iguala.

Parte de esta averiguación, incompleta y tardía, permaneció guardada en los cajones de la Siedo y la PGR de Jesús Murillo Karam.

Del nuevo enfoque que imprimió el ex fiscal a estos mensajes se derivaron los 83 pedidos de arresto de la Ueilca, cancelados casi inmediatamente a solicitud de la FGR. Estaban sustentados en otros elementos: peritajes, escuchas telefónicas y declaraciones ministeriales de testigos protegidos.

En cuanto a la posibilidad de que se reviertan las cancelaciones de las órdenes de aprehensión, el pasado 24 de octubre, al salir de una reunión con el Presidente, el abogado del colectivo de familiares, Vidulfo Rosales, informó a La Jornada que, ante los señalamientos de los padres y las madres, se acordó que si hay elementos se buscará reactivar los 21 mandatos de arresto.

Entre los “actos apresurados” de los que habla el GIEI se encuentra la forma en que se manejaron las peticiones de detención por parte de la FGR, que las trasladó a un Ministerio Público no familiarizado con el caso y concedidas por un juez que tampoco conocía los expedientes. En consecuencia, ni 83 arrestos ni 21, entre estos 16 militares. Sólo han sido detenidos cuatro.

Lo que está en juego es, entre otras cosas, la posibilidad de someter a un juicio justo y fundamentado al ex procurador Murillo Karam, quien durante cuatro años operó para ocultar la verdad y proteger a responsables de las 43 desapariciones y tres asesinatos de normalistas (Julio César Nava, Daniel Solís y Julio César Mondragón).

El 26 de septiembre, octavo aniversario de los hechos de Iguala, ocurrió lo que se quería evitar. Fue una jornada de ira. En algunas concentraciones el coraje se desbordó, como frente a la embajada de Israel, donde protestaron por la negativa de ese gobierno de entregar al encubridor Tomás Zerón, quien huyó a ese país, donde México no tiene tratado de extradición. Y el vandalismo que se desencadenó, como nunca, frente al Campo Militar.

Resonaron las palabras de un padre de un normalista que, frente a Palacio Nacional, dijo con gran pesar: “Había un pequeño avance con este gobierno, pero cuando se llegó al punto de tocar al Ejército, ahí todo se vino abajo”.