La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en la gestión fiscal del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico (CIDE), sobre todo en el manejo de los dos fideicomisos que fueron liquidados, cuyos recursos se administraron desde 2014 de forma “discrecional”. La institución se quedó con cerca de 100 millones de pesos, producto de remanentes de proyectos de investigación, de los cuales no se encontraron registros contables, ni las cuentas bancarias en que están invertidos.

En la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública de 2021, la ASF detectó que al extinguirse el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que dependía de recursos del Conacyt, entre julio y diciembre de 2021, fueron depositados en la tesorería del CIDE 259 millones, los 520 mil 800 pesos que contenía, de los cuales 205 millones 345 mil 800 pesos fueron en recursos líquidos, pero no se definió el uso o destino, y “permanecieron en una cuenta bancaria que no generó rendimientos”.

La ASF resalta que debido al gran número de anomalías que encontró en los fideicomisos extintos, formuló al CIDE 14 recomendaciones y siete promociones para sancionar por responsabilidad administrativa a las autoridades responsables. Es el periodo en el que estuvo al frente de ese centro Sergio López Ayllón, quien renunció a finales de 2021.

La ASF resalta que durante el periodo de existencia de ese fideicomiso, entre 2014 y 2020, no se le transfería todos los recursos generados y recibidos, sino que mantenía dinero en diversas cuentas bancarias “ y se realizaban erogaciones de manera paralela a las cuentas pagadoras del fideicomiso”

Por lo que toca los proyectos administrados por ese fideicomiso en 10 de ellos no se acreditaron ingresos al CIDE por 4 millones 123 mil 800 pesos, ni la facturación de otros 14 casos en los que faltaron pagos por más de un millón de pesos, y en otros hubo un sobrepago de casi 5 millones de pesos.

En cuanto al otro fideicomiso liquidado del CIDE, el llamado patrimonial, se le autorizó mantener 32 millones 735 mil 800 pesos para atender las obligaciones de carácter laboral. Sin embargo, la ASF detectó que se realizaron en exceso aportaciones por incentivos, finiquitos y diferencias salariales, sin acreditar la autorización.

De hecho, para el pago por finiquitos, el comité técnico del Fideicomiso Patrimonial autorizó recursos (en 2019 y 2020) por 18 millones 455 mil 300 pesos, que no se reintegraron.

La ASF expuso que se identificaron diferencias por 4 millones 854 mil 400 pesos entre lo reportado en el estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto 2021 y las nóminas, ya que se identificaron plazas académicas que son ocupadas por personal administrativo, entre otras irregularidades.

Entre críticas al titular de la ASF, David Colmenares, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, informó que presentó una denuncia en contra del funcionario ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados por no haber entregado los resultados de cuatro auditorías a la Cuenta Pública 2020.

La panista reprochó la falta de respuesta de Colmenares a la petición de entregar esos documentos, pese a que se comprometió a ello desde principios de año. La diputada de Morena, Inés Parra, se fue también contra el funcionario, de quien dijo imcumple con su función y se dedica más a hacer maestrías y cursos; “ni evalúa ni controla”.