Belem Pitahaya, Son., En el calendario de los pueblos yaquis el 29 de octubre quedará fijado como una jornada histórica. Casi 82 años después por fin se hará realidad la justicia revolucionaria que en su momento promovió el general Lázaro Cárdenas mediante un decreto que nunca se cumplió. Visiblemente satisfecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de restitución de 29 mil 241 hectáreas, como forma de “hacer justicia a los pueblos yaquis. Es un homenaje a todos los que perdieron la vida” en la lucha.

Detrás de la escenografía oficial para este acontecimiento, la iglesia de San Pedro y San Pablo de esta comunidad de Belem, contigua al camposanto donde centenares de cruces están caprichosamente enterradas, es testigo de este nuevo episodio de la historia yaqui. Se trata de la parte medular del Plan de Justicia para este pueblo originario, abandonado ancestralmente, desde el porfiriato hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, que en plena era neoliberal asestó el último despojo a los yaquis.

A nombre de la comunidad, Francisco Nocamea Hernández patentizó el reconocimiento al viraje institucional en la relación con su pueblo: “Nuestras leyes nos imponen el deber de ser fuertes y firmes frente al agresor por la defensa de nuestros bienes preciados. Por eso mismo, sabemos reconocer cuando alguien camina a nuestro lado y contribuye a nuestros anhelos de paz y de justicia”. La determinación que les devolverá el equivalente a casi 10 por ciento del territorio que poseen los ocho pueblos yaquis será “una ofrenda” para los muertos que dejó esta larga reivindicación que implicó años de lucha.

La división coyuntural entre las comunidades impidió celebrar este episodio con la algarabía que correspondía a una conquista histórica. Centenares de indígenas atestiguaron la firma del decreto presidencial que les devolverá lo que les fue arrebatado desde el porfiriato. En aquel entonces, narró López Obrador, cuando se desató la guerra contra estos pueblos, se enviaba a los militares “más despiadados. Así los ascendían y adquirían fama. Entre más crueldad, más fama de militares rectos, cuando eran unos viles represores. De todos los pueblos, el que sufrió más fueron los yaquis, porque hubo una guerra de exterminio”.

Larga disertación del mandatario sobre el pasado para ubicar el origen de esta decisión que les devuelve la justicia y la dignidad. “Hacer justicia a los pueblos yaquis es un homenaje a todos los que perdieron la vida, los que lucharon en la Revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía nacional”.

El responsable del gobierno federal para la atención a los pueblos originarios, Adelfo Regino, precisó que este decreto y algunas acciones previas representan ya la restitución de 32 mil hectáreas de tierras. Para lograr esta última entrega se negoció la compra de 11 predios a seis propietarios, para lo cual se canalizaron 420 millones de pesos.

Coincidente con la percepción histórica presidencial de la realidad yaqui, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, afirmó que este pueblo es el que más ha resentido los agravios históricos del Estado mexicano, pero también se debe reconocer que “ha sido de los pueblos que mejor han defendido su territorio”.

Más allá de las reivindicaciones que ayer concretó parcialmente el gobierno federal, la coyuntura en estas comunidades y la acumulación de agravios y rezagos alientan nuevas exigencias inmediatas. Un puñado de mujeres enarbolaron mantas y pancartas para demandar a López Obrador su intervención para lograr la liberación de “10 presos políticos” que fueron aprehendidos recientemente.

Poco antes de la llegada de la comitiva presidencial, al pie de la iglesia, que es la única construcción a los alrededores, un hombre entrado en años desgranó su escepticismo. “Al Presidente lo engañan, ojalá que algunas de esas tierras les toquen a quienes viven en Belem Pitahaya”, aunque duda que esto se logre.

Su pesimismo lo funda en el predominio de empresas que dominan y controlan grandes parcelas del territorio yaqui. Los contratan como jornaleros para la recolección de melón y otras cosechas.

Junto a él, otro indígena de menor edad describe que le pagan 200 pesos por día.

Ambos tienen una coincidencia: cuestionan la legitimidad de la autoridad tradicional y, en consecuencia, dudan que la decisión presidencial realmente beneficie al pueblo, aunque admitieron la voluntad de López Obrador.