El Departamento de Defensa de Washington y la cancillería de Islamabad anunciaron ayer la liberación del ciudadano paquistaní Sifullah Paracha, de 75 años, quien durante 17 años permaneció recluido en el campo de concentración de Guantánamo, en el enclave militar homónimo que Estados Unidos mantiene ilegalmente en Cuba desde hace más de un siglo.
El recién liberado era empresario, residía en Estados Unidos y fue secuestrado en 2003 en Tailandia por la sospecha de que había fungido como “facilitador” de la organización fundamentalista Al Qaeda, pues ayudó en una transacción financiera a dos de los acusados de la conspiración que desembocó en los atentados del 11 de septiembre dos años antes en Nueva York y Washington. Desde 2004 permaneció encarcelado en Guantánamo sin que ninguna autoridad de la potencia vecina le fincara cargos. Aunque su excarcelación fue aprobada en mayo del año pasado, no fue sino hasta ayer que logró quedar en libertad, luego que el Departamento de Defensa notificó que el paquistaní “no es una amenaza”.
El caso de Paracha es emblemático del agravio que la cárcel de Guantánamo representa para la legalidad y los derechos humanos. Cabe recordar que, de acuerdo con las leyes aprobadas durante el gobierno de George W. Bush (2000-2008), Estados Unidos no reconoce derecho alguno a quienes considera “combatientes enemigos”, ni siquiera los que la Convención de Ginebra otorga a los prisioneros de guerra, y puede mantenerlos en Guantánamo por tiempo indefinido, así como someterlos a tortura y tratos inhumanos y degradantes –como, en efecto, ha sido el caso con la mayoría de ellos–, habida cuenta de que esa base militar está fuera de la jurisdicción de las leyes estadunidenses.
La prisión del enclave es sólo una de las expresiones de la degradación institucional y moral que ha dejado en Estados Unidos la “guerra contra el terrorismo”, al amparo de la cual Washington instauró decenas de prisiones clandestinas en Europa, Asia y África, torturó y asesinó a prisioneros y generó un gravísimo retroceso en la vigencia de los derechos humanos en el mundo y en el propio territorio estadunidense.
Unos 800 individuos –todos hombres y todos islámicos– han sido recluidos en el campo de concentración en el Caribe. Amnistía Internacional calculó que 17 eran menores de edad en el momento de su secuestro y la organización no gubernamental Human Rights First denunció que “más de 85 por ciento de los detenidos transferidos desde Guantánamo (hacia otras cárceles) en la administración de Barack Obama (2008-2016) ni siquiera eran sospechosos de estar involucrados en ninguna actividad terrorista”.
En la actualidad, cerca de una cuarentena de personas permanece en el campo de concentración, lo que constituye para todo efecto legal un prolongado e inhumano secuestro masivo. Obama llegó a la Casa Blanca en 2008 con la promesa de cerrar Guantánamo, pero no lo consiguió. El republicano Donald Trump (2016-2020) ni siquiera se manifestó al respecto y el actual presidente estadunidense, Joe Biden, no muestra voluntad alguna de poner fin a esa atrocidad. Debe hacerlo a la brevedad, porque el campo de concentración estadunidense es un insulto a la legalidad, al imperio del derecho y a la humanidad.
