La Paz. La escasez de combustible marcó ayer el octavo día consecutivo del paro indefinido en la provincia de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y bastión opositor, después del fracaso la víspera de un intento de diálogo sobre la fecha de un censo de población.
Las estaciones de gasolina y diésel registraron largas filas de automóviles y motocicletas en busca del combustible, mostraron imágenes de la televisora Red Uno.
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia dijo en un comunicado de prensa que se “priorizará el abastecimiento a ambulancias y servicios básicos”.
En tanto, la Asociación de Surtidores (Asosur) de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y señaló que 99 por ciento de las estaciones de servicio ya no cuentan con combustible, mientras que en el área rural 85 por ciento tienen escasez.
Por su parte, el presidente, Luis Arce, tuiteó al Comité Cívico cruceño: “No permitiremos ningún tipo de amenaza, amedrentamiento e intentos de desestabilización contra autoridades electas. Planteamos al Comité Interinstitucional dos propuestas para el Censo y estamos a la espera de su respuesta para solucionar el conflicto”.
Su referencia a las amenazas guarda relación con los intentos de desestabilización contra la alcaldía de Puerto Quijarro, donde grupos paramilitares exigen mediante la violencia la renuncia del burgomaestre afiliado al Movimiento al Socialismo, Luis Chamby.
En ese territorio los grupos de choque subordinados al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al cívico Rómulo Calvo asesinaron hace una semana a garrotazos al obrero Juan Pablo Taborga por su oposición al paro.
Arce destacó el compromiso de los participantes la víspera en el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, efectuado en Cochabamba.
Sobre sus resultados, subrayó que se plantearon dos propuestas para resolver el conflicto en Santa Cruz, por lo que se espera la posición del llamado Comité Interinstitucional que impone el paro por tiempo indefinido, convertido en realidad en un bloqueo matizado por actos de violencia, vandalismo y extorsión.
El portavoz presidencial Jorge Richter afirmó a la prensa que Camacho ya no sólo plantea censo para 2023, sino también federalismo y pacto fiscal, en una escalada de demandas que apuntan a mayor conflictividad.