Cuernavaca, Mor. Madres buscadoras de sus hijos e hijas exigieron al gobierno federal, estatales y municipales encontrarlos ya vivos o muertos, porque, aseguraron que ya llevan 14 años algunas, otras 10 y otras ocho y otras cuatro años buscándolos sin encontrarlos. Y lo que es peor, advirtieron estas madres, es que el número de desaparecidos de manera forzada en el país cada vez es mayor, ya que diario desaparecen muchachas y muchachos sin que ninguna institución lo impida, y tampoco los localicen.

Las madres de estas personas desaparecidas algunas durante la administración del ex presidente del país Felipe Calderón, otras durante la administración de Enrique Peña Nieto, y otras durante la presente administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, urgieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que cesen las desapariciones, y a las fiscalías generales y de búsqueda de personas que cumplan con sus funciones de buscarlas, encontrarlas, y justicia para ellos, y sus familiares.

Ya “desesperadas”, “cansadas”, “indignadas”, “dolidas”, “enojadas”, y algunas hasta con lágrimas en los ojos por no encontrar apoyo de parte de las autoridades correspondientes para buscar a sus familiares, emplazaron a las titulares de los tres poderes de gobierno que si no tienen la capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país que “renuncien” a sus cargos, y dejen que otras personas que sí trabajen los ocupen.

María Herrera Magdaleno, madre de cuatro desaparecidos, entrevistada en los trabajos de exhumación de Jojutla, dijo que ella lleva 14 años buscando a dos de sus hijos, y 12 buscando a los otros dos; sin encontrar a ninguno de los cuatro, hasta hoy; y durante todo este tiempo de búsqueda de éstos, ha concluido que no sólo es responsable ha sido el “crimen organizado” de la desaparición de sus hijos, sino también el “crimen institucionalizado” que ha permitido este tipo de delitos (desapariciones) por “omisión” o “colusión” por parte de algunas autoridades de los tres niveles de gobierno, y algunos funcionarios públicos del pasado y del presente.

“Queremos que la sociedad vea que nuestros gobiernos siguen siendo unos irresponsables (desde el 2008 hasta hoy), que no basta con el dolor que ya nos causaron supuestamente el crimen organizado, porque yo no me voy cansar de decir que si el crimen organizado (se llevó sus hijos), pero (también es responsable) es el crimen institucionalizado”, porque desde las instituciones no se brindó seguridad, justicia, y localización de sus hijos, y otros, para parar desde hace una o dos décadas, las desapariciones en el país que han estado presentes en tres sexenios, el Calderón, Nieto y el gobierno actual.

Por eso María Herrera, entrevistada durante los trabajos de exhumación de la fosa de Jojutla, en su tercera etapa, exigió, igual que lo hizo el padre de Juan Francisco Sicilia (asesinado con seis de sus amigos en marzo del 2011 en Morelos), Javier Sicilia, que si las autoridades no quieren, no pueden trabajar en favor de las víctimas que renuncien, porque antes de tomar estos cargos, aseguró que ya sabían las condiciones de violencia, inseguridad e injusticia que hay en el país.

“Nosotros estamos realizando un trabajo que a ellos les corresponde (a las autoridades y fiscalías), y otra cosa que no me voy cansar de repetir es que ellos están en el lugar que ellos quisieron estar, ellos lo buscaron, lo pidieron, desempeñar este trabajo, y ya cuando están ahí, vemos que sencillamente no cumplen con su deber, con lo que les toca como servidores públicos”, les soltó la madre buscadora de sus cuatro hijos desaparecidos y que incluso con sus familiares y otros colectivos de búsqueda formó la Red Nacional de Búsqueda de Personas y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas.

“Pedimos que nos escuchen (a la sociedad en general), porque no queremos que nadie más esté en este lugar, queremos evitar que más familias se sumen a este dolor que llevamos nosotras dentro durante tantos años( sin hallar a sus hijos)”, dijo entre lágrimas María Herrera Magdaleno originaria de Michoacán.

A más de 14 años, y 12 años, de la desaparición de sus 4 hijos, María no se explica cómo las mismas bandas delincuenciales organizadas sigan desapareciendo y asesinando a mexicanas y mexicanos casi en total impunidad, cuando mencionó que antes, cuando desaparecieron sus hijos, éstas (desapariciones) se atribuyeron al crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico que inició el ex presidente Felipe Calderón; pero razonó que también hoy lamentablemente, cuando según la estrategia de seguridad es otra supuestamente, siguen casi igual las desapariciones durante la administración federal presente.

Sus dos primeros hijos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecieron en Atoyac de Álvarez el 28 de agosto del 2008, y los otros dos, Gustavo y Luis Armando, fueron desaparecidos en Poza Rica Veracruz el 2010, los cuatro se dedicaban a la compra y venta de oro. María, desde hace 14 años y 12 años, los ha buscado con vida y en fosas irregulares y clandestinas de las entidades en donde los desaparecieron, y en otros estados del país, concretamente en las fosas ilegales e irregulares de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y en otros estados del país. Sin encontrarlos.

Angélica Rodríguez, dijo que lleva buscando a su hija Viridiana desde hace 10 años sin hallarla; Celia Cerón también lleva 10 años buscando a su hija Yéssica y su nieto tampoco sin encontrarlos; Tranquilina también busca a su hija Mireya desde hace 8 años sin encontrarla tampoco. Estos últimos casos son de Morelos. Amalia Hernández, por su parte exigió, justicia para la inhumación clandestina de su sobrino Oliver Navarrete Hernández, ya que lleva nueve años que su sobrino fue secuestrado, asesinado (en mayo el 2013) y enterrado de manera ilegal y masiva junto con otros (118 cadáveres) en las fosas de Tetelcingo (el 28 de marzo del 2014) sin que hasta hoy haya justicia para Oliver, ni por su secuestro, ni homicidio, y menos por su inhumación clandestina, ya que en este último delito fueron trabajadores de la FGE los que lo inhumaron como persona no identificada, pese que su madre y tía si lo reclamaron, y mucho, menos se quejó Amalia, hay justicia para sus familiares a 9 años que perdieron a Oliver de 31 años de edad.

Amalia, entrevistadas de manera separada, igual que las otras madres buscadoras, denunció que si algo le pasa a ella, su familia, o alguna de las integrantes de estos colectivos de búsqueda que estuvieron en Jojutla (que iniciaron los trabajos de la tercera etapa el 17 de octubre y concluyeron el 26 pasado) responsabilizó al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, porque, mencionó que éste le han molestado sus declaraciones y las de sus compañeras que lo único que le han exigido es que cumpla con su trabajo por el que le pagan como de fiscal general del estado.

“Si algo me pasa a mí, mi familia, o mis hijos, el directamente responsable sería el fiscal general del estado, (porque) en esta ocasión, de nueva cuenta como en Tetelcingo, nos toca levantar la voz, ya se inició una queja por lo pronto, va la otra, por la cuestión de derechos humanos irregularidades que aquí se han observado (en la fosa de Jojutla), obviamente si ustedes van a la ley, una de las causales para poder destituir al fiscal que está designado por nueve años (durante la administración del ex gobernador Graco Ramírez) sería precisamente el incumplimiento de su deber, así que si me pasa a mí hijos y mi familia, y todas las compañeras que exigiendo que se hagan las cosas de manera correcta el responsable será el fiscal general del estado, el licenciado Uriel Carmona Gándara”, concluyó Amalia Hernández.