He resaltado aquí cómo el campo mexicano ha padecido por décadas el acaparamiento de la agroindustria, nacional y trasnacional, que no sólo ha cooptado las formas de producir alimentos, imponiendo paquetes tecnológicos basados en monocultivos de semillas transgénicas y agroquímicos tóxicos, sino que además ha violentado los derechos humanos de personas productoras y consumidoras, y ocasionado graves afectaciones al ambiente y a la biodiversidad.
Asimismo, he destacado acciones y políticas públicas que, impulsadas originalmente desde movimientos y luchas campesinas y sociales, representan avances importantes en la transición hacia una agricultura sostenible, que devuelva los campos y las semillas mismas a las comunidades que han resistido tales embates, con un sistema económico y gobiernos en complicidad. Por ejemplo, el decreto presidencial de sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíces transgénicos o la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que, aun cuando ya ha sido aprobada, hasta ahora no se ha implementado adecuadamente.
Hoy toca reflexionar sobre un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, presentado en una reunión extraordinaria el pasado 29 de septiembre, que plantea propuestas de reformas a la Ley General de Salud (LGS), para establecer un programa nacional de restricción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), aplicando el principio precautorio y una regulación específica sobre bioinsumos.
En la Declaración de Río, surgida en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, los estados miembros de la ONU establecieron el principio de precaución, que dicta su aplicación cuando haya peligro de daño grave o irreversible. “La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Así, se buscaría aplicar este principio en la LGS.
Múltiples organismos internacionales, como la Red Internacional de Plaguicidas, han documentado los peligros de los PAP; también tratados internacionales como el Protocolo de Montreal (1987), los Convenios de Rótterdam (1998) y de Estocolmo (2001), han prohibido el uso de muchos de estos plaguicidas. Resalto que, a pesar de que el Estado mexicano ha ratificado tales tratados, en el país aún se comercializan plaguicidas que contienen sustancias activas prohibidas en otros países, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación Nº 82/2018, sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de los PAP.
Así, los esfuerzos reflejados en estas propuestas no son menores. Ya lo ha declarado Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos: “el derecho a un medio ambiente no tóxico y el de toda persona a no estar expuesta a sustancias peligrosas son elementos claves del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible” (https://bit.ly/3gbIaLa). En adición, contar con una reglamentación específica para los bioinsumos será un aliciente para transitar hacia sistemas agroecológicos y reducir de manera paralela la dependencia de los insumos agrotóxicos en los campos.
De nueva cuenta, son las empresas agroindustriales de México y el extranjero las que, enriquecidas a costa de los derechos humanos de mexicanas y mexicanos, continúan obstaculizando estas iniciativas, actuando en contra del interés común. Retomando el pronunciamiento de la campaña nacional Sin Maíz no hay País, “la agroindustria no tiene como finalidad alimentar al mundo, sino producir insumos industriales, muchas veces nocivos para nuestra salud” (https://bit.ly/3VmDiTN). El pasado miércoles 26 se llevó a cabo el primer parlamento abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes, ejercicio convocado por el Senado de la República y que reunió opiniones íntegras a favor de las propuestas de reforma, por parte de organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas y apícolas de diversas geografías de la República, directamente afectadas por los PAP.
Así, también se evidenció la representación de los intereses de la agroindustria y sus esfuerzos por mantener su hegemonía y control en la producción de los alimentos. En consecuencia, el próximo lunes las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, deberán votar dicho dictamen en estricto apego a los más altos estándares internacionales, para garantizar nuestro derecho en México a contar con alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y, sobre todo, a disponer de alimentos que no dañen la salud de las personas ni el ambiente.
