Nairobi. Es una decisión histórica, la Fiscalía de Kenia encausó este viernes a policías de su propio país por "crímenes contra la humanidad" cometidos durante la represión de las manifestaciones poselectorales de 2017.

Las acusaciones incluyen violación, asesinato y tortura, además del caso de una bebé de seis meses cuya muerte se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial perpetrada tras las elecciones en este país del este de África.

"Este es el primer caso de crímenes contra la humanidad imputados en virtud del derecho nacional keniano que utiliza la ley de delitos internacionales, y también el primer enjuiciamiento penal por violencia sexual relacionada con las elecciones," dijo el director de la Fiscalía, Noordin Haji.

Un funcionario de la oficina del fiscal dijo que 12 oficiales de policía, casi todos de alto rango, enfrentan cargos.

La represión policial tras las elecciones presidenciales de agosto de 2017 dejó decenas de muertos en cuatro meses.

La comisión nacional keniana de derechos humanos había documentado 94 muertos, 201 casos de violencia sexual y más de 300 heridos atribuidos esencialmente a las fuerzas de seguridad.

"Los ataques estaban planeados, coordinados y no fueron aleatorios", los delitos "fueron cometidos por o bajo la autoridad de altos oficiales de la policía nacional", dijo la oficina del fiscal en un comunicado.

La bebé, Samantha Pendo, murió tras ser golpeada por la policía en una operación en Kisumu, en el oeste del país.

Los agentes lanzaron gas lacrimógeno en su casa y tiraron la puerta abajo antes de golpear a su madre, que la tenía en brazos, con porras.

La autopsia reveló que Samantha sufrió graves lesiones craneales. Su cabeza se abrió por culpa de la violencia.

Una investigación concluyó que cinco comandantes de policía eran responsables de su muerte, y aunque fueron condenados, nunca fueron a prisión.

Una decisión sin precedentes

El nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se congratuló el viernes de la decisión "sin precedentes" de las autoridades judiciales kenianas, que según él constituye un "paso importante hacia la responsabilidad por las violaciones flagrantes de los derechos humanos en Kenia".

"Es un paso positivo hacia la justicia y la rendición de cuentas para los supervivientes y las familias de las víctimas, incluido en el contexto de violencia electoral, y puede fortalecer la prevención de futuras violaciones," dijo Türk en un comunicado.

Haji afirmó el viernes que muchas personas vivieron incidentes indecibles de dolor y de sufrimiento durante la represión.

"La operación tenía una estructura de mando bien organizada con comandantes de sector y fue ejecutada según un patrón constante," indicó.

La policía keniana suele ser acusada por grupos de defensa de derechos humanos de usar fuerza excesiva y cometer homicidios ilegales, especialmente en barrios pobres.

Este mes, el nuevo presidente William Ruto desarmó una temida unidad policial, activa desde hacía 20 años y que estaba acusada de homicidios ilegales. Ruto también prometió la reestructuración del sector de seguridad.

Las protestas de 2017 estallaron después de la victoria del entonces presidente Uhuru Kenyatta, que enfadó a los seguidores de su principal opositor, Raila Odinga.

El resultado fue anulado por el Tribunal Supremo después de que Odinga lo cuestionara, pero Kenyatta ganó las nuevas elecciones.

Según Missing Voices, un grupo activista enfocado en los homicidios ilegales en Kenia, desde que empezaron a recopilar datos, en 2017, ha habido 1.264 muertes a manos de la policía.