El juzgado decimosegundo de distrito con residencia en Chihuahua determinó que el auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de César Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa, con penalidad agravada, cumple con los requisitos constitucionales, además de que no hay violación a los principios de concentración, continuidad, publicidad y de presunción de inocencia; por este motivo le negó el amparo hace unas semanas.

Juan Fernando Luévano Ovalle, titular del juzgado, consideró infundados los agravios alegados por el ex gobernador de Chihuahua, toda vez que su situación jurídica se resolvió en el tiempo exigido por la Constitución, ya que solicitó la prórroga del término constitucional. Por ello, “el auto de no vinculación a proceso se resolvió de manera oportuna”. La resolución ya causó ejecutoria, debido a que Duarte Jáquez no la impugnó.

A finales de septiembre el juez federal rechazó conceder al ex mandatario la protección de la justicia federal. En la actualidad se encuentra en el Centro de Reinserción Social número 1 del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

El juez recordó que existen datos que revelan que el ex mandatario fue detenido en Miami, Florida, donde permaneció más de cinco años. La propia defensa sostiene que tramitó su residencia y que cuenta con licencia para conducir en esa nación, “lo que evidencia, objetivamente, que el imputado carece de arraigo en el lugar donde deba ser juzgado y cuenta con las facilidades para abandonar el país, aunado a la pena que pudiese imponérsele por los hechos imputados. En ese sentido, es incuestionable que existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia”.

Saqueo en serie

De acuerdo con la investigación de la fiscalía de Chihuahua, entre 2011 y 2014, Duarte Jáquez acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades para desviar recursos del patrimonio estatal 96 millones 685 mil 253 pesos.

César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, enfrentó a la justicia en Chihuahua después de un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el cual alegó persecución política.

Fue vinculado a proceso penal en junio de este año por los delitos de peculado y asociación delictiva, por transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal mientras era gobernador.