Morelia, Mich. Abogados y familiares de Diego Urik, presunto feminicida de Jessica González Villaseñor, buscan recovecos legales para alargar el proceso penal, a pesar de que siguen acumulándose pruebas en contra del joven que ha tratado de utilizar su posición económica para eludir su responsabilidad.

En la audiencia del pasado 26 de octubre, cuando se reanudaba el juicio oral, Diego se dirigió al juez Ariel Montoya Romero para anunciar: “Quiero expresar que decidí revocar a mi abogado común por varias cuestiones. Porque no me ha resuelto, me corta la comunicación. Yo le he dado pruebas de mi inocencia y él no las oferta. Le pido que gire la orden para entregar la carpeta a mis otros abogados". El juez solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar al abogado Jesús M.

El supuesto homicida cuenta con siete abogados y han recurrido a estrategias dilatorias para evitar que el juicio prosiga y se condene a Diego por el delito de feminicidio, ocurrido el 21 de septiembre de 2020. Nueve días después fue detenido. Las pruebas acumuladas por la Fiscalía indican que él asesinó a golpes a su novia en la zona arbolada y exclusiva al sur de Morelia.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Estado (FGE), para que se agilicen los procesos de investigación y procuración de justicia por delito de feminicidio en Michoacán.

Se refirió al caso de Jessica González Villaseñor, entre otros, que se han dilatado en su resolución por diferentes argumentos judiciales, por lo que exhortó a la autoridad competente a no caer en omisiones y evitar el retraso de los juicios contra personas imputadas.

Recordó que el gobierno de Michoacán promovió en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para agravar las penas por feminicidio hasta con 60 años de prisión y castigar, hasta por ocho años de cárcel a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración de justicia.

Esto último no procedió, pero insistirá y volverá a enviar la iniciativa de ley al Congreso local para que el servidor público “que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado".

Los homicidios de mujeres van en aumento, en 2016 fueron registrados 138; un año después 139; en 2018 sumaron 156; en 2019 se registraron 180; mientras que, en los últimos tres años, en Michoacán se han cometido 836 homicidios en contra de mujeres, de los cuales 99 fueron catalogados como feminicidios, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Ningún otro caso ha sido tan mediatizado en Michoacán, familiares y activistas se han movilizados en los dos últimos años, y el reclamo de los seres cercanos de Jessica, de 21 años de edad, insisten en que se haga justicia y que no sea el dinero el que defina el castigo al feminicida.