Felipa Yalily Montenegro, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz Bartolina Sisa; Juan Cáceres Sandoval, de la Federación de Interculturales, y Franklin Vargas, dirigente campesino, acusaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobernador de la provincia boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por no adoptar medidas para cesar el paro cívico iniciado el pasado fin de semana.
Aseguraron que las protestas “ocasionan un estado de duda e inseguridad con relación a la protección de los derechos a la salud, al trabajo y a la educación”, se señala en la demanda de la que La Jornada tiene copia.
En la denuncia aseveran que el Comité Cívico de Santa Cruz, con el apoyo Camacho, lanzó una convocatoria para un paro cívico a realizarse de manera escalonada durante 2022. El primero de 24 horas se efectuó el 25 de julio, el segundo de 48 horas los días 8 y 9 de agosto y finalmente un paro indefinido desde el pasado 22 con bloqueos de carreteras y suspensión de actividades educativas y servicios de salud.
Camacho “ha omitido tomar medidas apropiadas para detener los cortes de rutas y el cese de los servicios de salud y educación. Ni siquiera ha promovido denuncia penal alguna u otra acción que corresponde ante las instancias juridiccionales competentes. Más bien el gobierno autónomo departamental, frente a esta situación, no ha ejercido ni siquiera la disuasión de las manifestaciones”, manifestaron los líderes sociales de Santa Cruz en el documento.
Los bloqueos carreteros “ocasionan daños y perjuicios a sectores y agentes económicos de la ciudad de Santa Cruz vinculados a negocios de exportación e importación, turismo y transporte terrestre de pasajeros y mercaderías, y a ciudadanos que trabajan en la economía informal y cuya sobrevivencia depende de sus ingresos diarios”, expusieron.
Consideraron que “el incumplimiento continuado del gobernador de Santa Cruz por omisión frente a los cortes de ruta y al cese de los servicios de salud y educación hacen suponer que de reiterarse nuevos paros a futuro, Camacho observará la misma conducta, generando un estado de duda e inseguridad con relación a la protección de los derechos a la Salud, al Trabajo y a la Educación”.
Amenazas de muerte
Felipa Yalily Montenegro denunció públicamente que “a nivel departamental, nacional y mundial mi persona está siendo amenazada de muerte, mi familia corre peligro, por el simple hecho de salir a los medios y pedir lo que como mujeres merecemos, el respeto al trabajo, seguir circulando, derecho a la educación para nuestros hijos, derecho a la salud para nuestros hermanos y hermanas de este departamento de Santa Cruz”.
Acompañada de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, añadió: “pido a la opinión pública, al pueblo cruceño que de una vez se manifieste y busque la paz. Pido que ayuden a calmar esta sed de venganza de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Víctor Hugo Cuéllar, que son los que me están mandando hostigar y amenazar de muerte, y están mandando sus drones todas las noches, todas las noches pasan sus grupos de vandalismo a amenazar. Somos mujeres campesinas, indígenas originarias que no hacemos daño a nadie, nos dedicamos a trabajar y a producir nuestra tierra para poder aportar en la canasta familiar. Hagan algo por mi familia”.
