El gobernador ultraderechista del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su camarilla separatista mantienen un paro elitista y patronal desde el 21 de octubre contra el gobierno de Bolivia que ya ha costado una vida y pérdidas económicas por decenas de millones de dólares. Camacho y los líderes del Comité Cívico pro Santa Cruz exigen que se adelante para 2023 el censo de población y viviendas, pospuesto por razones técnicas para un año más tarde con el consenso de todos los gobernadores y sólo la opinión en contra del gobernador cruceño.
Conviene recordar que Camacho es uno de los políticos más reaccionarios, racistas, proimperialistas y patriarcales del país altiplánico y uno de los sujetos más destacados en la organización del golpe contra Evo Morales en 2019, iniciado con un paro muy parecido al actual, que arrastró a sectores importantes de las clases medias de Bolivia. Pero hoy las condiciones no son las mismas de entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó en experiencia y conciencia, viene de una gran victoria electoral en que derrotó el golpe de derecha con más de 55 por ciento de los votos y es alta su moral de combate.
Por otra parte, la exigencia cruceña sobre el censo no moviliza en otros departamentos. El paro sí tiene capacidad de hacer daño a la economía regional y nacional por la importancia económica y comercial extraordinaria de Santa Cruz. El censo es importante, entre otras razones, porque tiene que ver por ley con la asignación de recursos por el gobierno nacional y el número de representantes en la Cámara de Diputados, donde Santa Cruz podría subir en tres curules, aunque uno al menos sería para el MAS, segunda fuerza política en el departamento. Pero no se entiende que el posponerlo, por razones técnicamente bien argumentadas, sea causa para crear un conflicto político nacional, con graves consecuencias económicas, en un momento en que la economía viene recuperándose bien de los efectos de la pandemia, de la derrochadora gestión económica de los golpistas y de la crisis internacional.
El gobierno de La Paz desde el primer momento fijó la postura de mantener el diálogo con el gobierno cruceño, pero no hizo más que iniciar la plática entre María Nela Prada Tejada, ministra de la presidencia, y Camacho, cuando éste decidió levantarse de la mesa y abandonarlo, furioso porque no se accedía a sus exigencias. El gobierno nacional aceptó incluso valorar la posibilidad de adelantar el censo si los técnicos del gobierno cruceño demostraban que podía anticiparse. Más que un paro se trata de un bloqueo de carreteras y cierre obligatorio de empresas y establecimientos que no cuenta con apenas apoyo popular.
El MAS convocó a un Gran Cabildo del Pueblo el 23 de octubre al que asistieron cientos de miles de habitantes de Santa Cruz, que rechazaron la medida de fuerza. Muchos de ellos no sólo discrepan políticamente de la medida, sino que los afecta económicamente, como es el caso de los trabajadores de la economía informal y los productores agrícolas de la región. Los convocados se pronunciaron de esta manera: “ante el anuncio de un paro indefinido por el Comité Cívico pro Santa Cruz, el Gran Cabildo Nacional en Defensa de la Democracia y la Economía desarrollado el 21 de octubre del 2022, a los pies del monumento del Chiriguano, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la participación del pueblo cruceño, trabajador, naciones indígenas, originarias, organizaciones obreras, campesinas, interculturales, sectores económicos y productivos del campo y la ciudad, organizaciones de mujeres, gremialistas, transportistas, estudiantes, universitarios, cooperativistas, micro, pequeño y medianos empresarios, artesanos, artistas, adultos mayores, personas con discapacidad, juventud y la sociedad civil organizada; con la firme convicción democrática y en el marco del respeto de las normas que rigen el Estado Plurinacional de Bolivia, los sectores de la sociedad exigimos que paren las intenciones de desestabilizar al gobierno nacional, que ha ganado de manera democrática las elecciones nacionales de octubre de 2020 con más de 55 por ciento, a la cabeza de Lucho Arce y David Choquehuanca”.
Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas no se resignan a la existencia de procesos de transformación social en América Latina y el Caribe. Mucho menos cuando a la cabeza de ellos figuran gobiernos exitosos, soberanos y combativos como el presidido por Luis Arce y David Choquehuanca. Es por eso que aunque fueron derrotados el golpe y todas las maniobras del secretario general de la OEA Luis Almagro para mantener en el gobierno a la dictadora Jeanine Áñez y pese a que resultaran legitimados con una votación aplastante el MAS y sus candidatos Arce y Choquehuanca, el imperio del norte continuará haciendo todo lo posible por ahogar el proceso de cambios en Bolivia.
Twitter: @aguerraguerra
