La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, ex directores Jurídico y de Gobierno, así como de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez y que están involucrados en la corrupción inmobiliaria en esa demarcación, son dueños de casi medio centenar de departamentos en inmuebles cuya construcción irregular avalaron y por los que recibían rentas de entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales, dinero que presuntamente no declararon al fisco.

De acuerdo con las indagatorias, los actos en que incurrieron, basados en negligencias y colusiones fuera de la ley, no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos, situación que está por comprobarse.

Ambos ex funcionarios, que están vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito, laboraron en las administraciones de los delegados Germán de la Garza, Mario Palacios, Jorge Romero y Christian von Roehrich, por lo que la Fiscalía llamó a comparecer a las personas que ocupan dichos inmuebles en comodato o arrendamiento.

De esta manera, la dependencia estará en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios –de 47 inmuebles– y estarían recibiendo grandes cantidades de dinero por concepto de renta.

El equipo pericial de la dependencia realiza la determinación de los ingresos que los propietarios recibían por ese concepto, que sería entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales –alrededor de 14.1 a 22.5 millones de pesos al año–, estimaron fuentes consultadas.

Las investigaciones realizadas por agentes del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial establecieron que los ex servidores públicos obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho presumiblemente ilegal.

Además, los recursos probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales; mientras, las investigaciones llevadas a cabo por posibles irregularidades en la construcción de inmuebles en esta demarcación han generado 89 denuncias penales.

En ellas se da cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios y son muestra clara de presuntos delitos, como quebrantamiento de sellos de clausura.

De la misma manera se configuran el fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo, señaló la FJG.

Hasta el momento, el personal ministerial ha registrado 104 inmuebles posiblemente irregulares, la mayoría ubicados en colonias de alta plusvalía, como Del Valle, Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes y Nochebuena.