El viernes pasado, la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, realizó una sesión plenaria a la que acudió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. En dicho encuentro la instancia extranjera presentó su respuesta a la solicitud efectuada por el INE para emitir una opinión consultiva sobre las diversas iniciativas de reforma electoral que se discuten en el Congreso.

El lunes se divulgó el documento con la postura de la comisión, la cual advierte que “cambiar un sistema y, sobre todo, una administración electoral que ha funcionado bien, requiere especial cautela”, por lo que las modificaciones deben hacerse en un contexto de “amplio consenso tras amplias consultas públicas con todas las partes interesadas”. Asimismo, se considera que “el nuevo sistema propuesto podría llevar a una sobrerrepresentación de los grandes partidos y a una infrarrepresentación, o incluso a la no representación de los partidos políticos más pequeños”.

Interrogado por su parecer acerca de las conclusiones de la comisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó las opiniones llegadas de Europa y pidió que los legisladores las tomen en cuenta en los debates, pero recordó que estas mismas instancias “callaron como momias” ante los fraudes electorales perpetrados en el pasado reciente y validados por el propio INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral. Al respecto defendió que el propósito de las enmiendas impulsadas por su partido reside precisamente en desterrar el fraude, fenómeno que ha formado “parte de la picaresca política” nacional y es motivo tanto de daño como de vergüenza para México.

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (nombre oficial del órgano) carece de cualquier facultad para opinar, calificar o descalificar iniciativas legales o constitucionales de nuestro país.

La intromisión, además de inaceptable, refleja el desconocimiento de la historia mexicana por los pretendidos expertos en derecho constitucional que la integran, quienes ignoran o validan las distorsiones a la voluntad popular cometidas con la venia de la administración electoral que, sostienen, “ha funcionado bien”.

Es importante recordar en este sentido que los avances en la democratización de México no han sido mérito del IFE-INE y de sus funcionarios –convertidos con frecuencia en legitimadores del autoritarismo– sino de la sociedad. Aunque la arrogancia europea para pronunciarse sobre asuntos ajenos no es de sorprender, lo que hace especialmente lamentable este episodio de injerencismo es que haya sido auspiciada por un funcionario mexicano.

Al solicitar una opinión al Consejo de Europa, Córdova, quien se ha ido convirtiendo en uno de los más belicosos aliados de la oposición política al actual gobierno, abrió la puerta a la participación de instancias extranjeras en procesos que competen únicamente al pueblo mexicano y sus representantes elegidos. De esta manera, no sólo lesionó la legitimidad del organismo que preside sino que vulneró la soberanía y la esencia misma del espíritu democrático: la potestad de los ciudadanos mexicanos para decidir sobre la forma de su gobierno.

Es necesario que la oposición, sus voceros y simpatizantes entiendan que su derecho a disentir no debe realizarse pisoteando la independencia del país en su conjunto ni buscando en el exterior lo que las urnas y los procesos legislativos no les dan aquí. En cuanto a árbitros electorales que cada día lo son menos, con actos como el referido aumentan la desconfianza que ya suscitan las actuales instituciones comiciales en crecientes sectores de la ciudadanía.