El Día de Muertos se adelantó en Tlaxcala. Las normalistas rurales de Panotla tomaron las calles para demandar la reinstalación de las mesas de negociación con las autoridades educativas. Se toparon con un grupo de entre 200 y 250 policías y bomberos, que las rodearon con armas de fuego, gases lacrimógenos y extinguidores. Las muchachas comenzaron a grabarlos con sus celulares. Al principio, los uniformados lo tomaron con humor y les dijeron que “iban a arreglarse para aparecer guapos”. Luego, perdieron la calma. “Tomen en cuenta lo que pasó el 2 de octubre. Eso les va a pasar a ustedes”, las amenazaron (https://bit.ly/3TLobS4). Una de ellas, Beatriz, de 21 años, falleció como resultado de la represión, después de estar en muerte cerebral.
El gobierno de Tlaxcala dio el banderazo de salida de la política del garrote contra las estudiantes días antes de intimidarlas recordándoles la matanza de Tlaltelolco. El 15 de octubre, policías hombres en tres patrullas se instalaron afuera de la escuela e intentaron arrestar, sin suerte, a varias estudiantes. La cosa no paró ahí. En lugar de frenarse, el hostigamiento contra las jóvenes persistió varios días.
El 16 de octubre a las 10:15, el secretario de Seguridad Ciudadana, general Raúl Ruiz García, anunció el inicio de un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de Tlaxcala, para “no manchar” el evento mundial de Tiro con Arco. Transcurridos 15 minutos del aviso, la Normal Rural Licenciado Benito Juárez fue rodeada por más de 100 patrullas, antimotines, cuerpos policiacos integrados por varones y helicópteros, portando armas de fuego y bombas de gas lacrimógeno.
A las 11:20, antimotines se acercaron a la entrada de la institución, amenazando con desalojar a las estudiantes de su escuela. La intervención del pueblo de Panotla, que salió a las calles a defender a las jóvenes, los obligó a dar marcha atrás. Simultáneamente, un helicóptero sobrevoló la normal y amagó con aterrizar, mientras dos de sus pasajeros apuntaron a las estudiantes con armas largas.
Simultáneamente, dos alumnas que documentaban los movimientos policiacos en la gasolinería Zaragoza fueron detenidas de forma ilegal, al percartarse de que eran normalistas. “Llévenselas”, ordenó el mando. Las trasladaron por separado a una casa cerca de la central de autobuses, les exigieron que les dieran las contraseñas de sus redes sociales, las interrogaron y las obligaron a borrar fotos, videos y transmisiones. Les formatearon el celular en medio de agresiones verbales y sicológicas. “Bien sirven para andar de revoltosas, pero no para estudiar”, les recriminaron. Tras cuatro horas de detención sin orden de aprehensión, las trasladaron hasta cerca de Apizaco y las abandonaron en un paraje solitario. Al bajar les advirtieron: “que quede claro que no estuvieron detenidas y que pueden tener consecuencias”.
Las normalistas de Panotla demandan centralmente la remoción del cuadro directivo de la escuela (su periodo ya terminó), acusado de tomarse atribuciones que no les corresponden y retener indebidamente recursos de la institución. Respeto y reconocimiento a la organización estudiantil. El aumento a la matrícula. Ahora han incorporado a su pliego el cese a la violencia y hostigamiento contra las alumnas. La investigación y sanción de los responsables de las agresiones. La no cancelación del semestre escolar. La restitución de las 280 raciones que están bajo requisición. La reanudación validación de las prácticas docentes y asesorías.
Las jóvenes de Panotla tuvieron el primer acercamiento con el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y director general de la Secretaría de Educación Pública del Estado-USET, Homero Meneses Hernández, hace un año. Cuentan con una minuta firmada que da fe de ello. El pasado 12 de septiembre entregaron su nuevo pliego petitorio. Pero, aunque formalmente hubo diálogo, en realidad no pasó de ser una simulación. Meneses se sentó con ellas pero no las escuchó.
El problema de fondo en Panotla es que a las autoridades educativas les molesta el activismo y la organización de las jóvenes: el comité estudiantil Ernesto Che Guevara y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Según declaró a La Jornada de Oriente la directora de Educación Terminal de la USET, Rosa Isela García Herrera, la mayor problemática en la escuela es de carácter político, derivado de la militancia de las alumnas en la FECSM, pues “tienen un tipo de organización política hacia el interior del plantel que a veces choca con la organización de naturaleza académica” (léase, de la determinación de los funcionarios de mandar a toda costa).
Las autoridades quieren imponer un modelo de funcionamiento académico ajeno al normalismo rural. Pretenden terminar con los cinco ejes que articulan la actividad de todas las normales rurales en el país, y que son uno de sus puntos medulares de funcionamiento: académico, en el que se forman para el estudio; político, donde se comprende la realidad del país; cultural, con grupos de danza, música; deportivo, para fomentar la actividad física y, el módulo de producción, en el que se reivindica su carácter campesino.
A 84 años de la fundación de su escuela, las jóvenes de Panotla, a las que el gobierno de Lorena Cuéllar trata como delincuentes, tienen un propósito, un sueño: ser licenciadas en educación primaria y servir al pueblo de México; crear una nueva educación; transformar la enseñanza para el bien de la comunidad, ser buenas maestras. Quieren ir a las comunidades remotas para que los niños disfruten el derecho a la educación. Pero, al mismo tiempo, están decididas a defender su organización y la esencia del proyecto del normalismo rural hasta las últimas consecuencias.
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