Familiares y organizaciones exigieron al gobierno de Estados Unidos que se reabra el caso del asesinato, hace doce años, de Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano que murió luego que agentes fronterizos del país vecino lo sometieron cuando intentaba ingresar sin documentos.

Acompañados de la organización representantes de Alliance San Diego y de la Facultad de Derecho de la Universidad California en Berkeley, las cuales representan a la familia, dieron a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y se programó una audiencia para el próximo 4 de noviembre.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, María Puga, viuda de Anastasio, pidió justicia. Expresó que toda su familia ha requerido terapia, y su hijo -que al momento de la muerte de su padre tenía de 11 años- ahora con 24 años de edad “vive encerrado en un cuarto, no supera el dolor; él me ha dicho sólo escuchó los gritos de mi papá”.

Puga recordó que al momento de conocer que su esposo tuvo muerte cerebral, “todos lloramos, nos desesperamos, era algo que no podíamos creer. Al pasar unas horas nos dejan pasar a mi hija y a mi, y al entrar a ese cuarto de hospital, viendo a mi esposo lleno de tubos, con una vida artificial, lleno de tubos y todavía custodiado por agentes. Ahí nos destrozamos".

Fue hasta el funeral de Anastasio cuando se difundió un video en el que se registra el momento en el que asesinaron a su esposo. “Eran gritos de dolor y pidiendo ayuda, sabía que era él”.

Posteriormente salió un video en el que se aprecian a 17 agentes quitándole su ropa, golpeándolo sin piedad.

Aunque los elementos estadunidenses argumentaron que actuaron en defensa de una agresión del migrante mexicano, María Puga subrayó que no hay ninguna evidencia de que él los agredió.

Hernández Rojas vivió en California por 25 años. Tras ser deportado en mayo de 2010, intentó regresar, cuando fue detenido por los agentes fronterizos en las inmediaciones de la garita de San Ysidro.

Durante la conferencia, Roxanna Altholz, de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley y abogada de la familia de Hernández, sostuvo que durante la revisión de los informes de la investigación penal hay muestras de alteración de pruebas que incriminaban a los agentes.

También, dijo, se borraron videos, intervinieron en la autopsia, alteraron documentos, no se preservaron pruebas físicas, lo cual llevó a obstaculizar la justicia.

En 2015 se cerró el caso por parte de las autoridades estadunidenses, por lo que ahora la familia y las organizaciones buscan su reapertura para garantizar justicia, una correcta indemnización, acciones que lleven a la no repetición, y una sanción para los responsables.