Especialistas académicos y representantes de un colectivo de repartidores de aplicaciones digitales señalaron ayer, en el Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, las bondades y las miserias de empresas de nueva generación como Didi, Uber, Rappi y Beat.
Es indudable que la aparición de esos modelos de negocio digitales ha transformado en buena medida las economías en el mundo, México incluido. De entrada, tales compañías han logrado maximizar sus tasas de ganancia porque sus inversiones son mínimas si se les compara con empresas restauranteras o con el negocio de los taxis convencionales: Uber y Didi no son propietarias de un solo vehículo, en tanto, Rappi no posee un solo restaurante o cocina.
Las plataformas digitales se presentan como simples intermediarias entre los clientes y los proveedores del servicio y, en el caso de las transportadoras de alimentos preparados y otras mercancías, como trianguladoras entre compradores, proveedores y transportadores.
Cierto es que las plataformas digitales –entre las que habría que incluir también a las de alojamiento, como Booking y Airbnb, y a otras– han permitido incrementar las ventas a numerosos negocios, muchos de ellos correspondientes al rubro de pequeñas y micro empresas, y han significado una creciente fuente de ingresos para millones de personas que no habían logrado encontrar empleo. Esto último fue particularmente notable durante el periodo de reclusión y distanciamiento social a que obligó la pandemia de coronavirus, cuando los servicios de aplicación permitieron, además, aminorar los contagios.
Por otro lado, estas corporaciones han de-sarticulado severamente las relaciones laborales, en la medida en que sus únicos empleados son los que laboran en los centros de cómputo, administración y, a lo sumo, atención a clientes. El resto –conductores y repartidores, que son los que aportan más valor al negocio– son clasificados como “socios”, con lo que las plataformas digitales se desentienden de toda obligación laboral, lo que se traduce en una precarización sin precedente del empleo: los trabajadores de las entregas y los traslados laboran a destajo y se ven obligados a explotarse a sí mismos, carentes de seguridad social, prestaciones y el resto de los derechos laborales, como el de la sindicación.
Un dato indignante es que, según un repre-sentante del colectivo Ni un Repartidor Me-nos, entre marzo de 2020 y el presente han muerto en accidentes viales al menos 69 repartidores, sin que las empresas ni las autoridades hayan hecho algo por dar, cuando menos, seguridad social a las familias de las víctimas. Es atendible, por ello, la propuesta presentada en el foro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas para que se establezca un paquete básico de protección social para los trabajadores de plataformas, con la contribución tripartita del trabajador, del gobierno y de la plataforma para la que labora.
Más allá de esa propuesta, quienes laboran para las aplicaciones tienen ante sí el desafío de remontar la atomización y la dispersión característica de su trabajo y organizarse para defender sus derechos. De las empresas que operan las plataformas cabe esperar, en cambio, la sensibilidad y la responsabilidad necesaria para asumir que quienes hacen posibles sus ganancias no son “socios”, sino trabajadores.
