Integrantes de la iniciativa Caso 992 solicitaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) localizar a los deudores alimentarios y penalizar la violencia vicaria, que consiste en torturar a la mujer física y sicológicamente por medio de sus seres queridos, especialmente de sus hijos.

Uno de estos deudores es Leonel Ramírez Farías, asesor del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, denunció Ingrid de los Ángeles Tapia, ex esposa del servidor público y madre de sus tres hijos.

Desde hace 16 años ha buscado el pago de la pensión alimenticia, sin éxito, porque “no se le ha podido entregar la notificación debido a que renunció o ya no trabaja ahí, pero ahora busca presionar a la fiscalía para que ejerza acción legal en mi contra”.

Acompañada por un grupo de mujeres vestidas de novia, vestimenta que representa a la mujer abandonada e indefensa ante las autoridades, señaló que por medio de dichas acciones busca que se desista de las denuncias por violencia vicaria que interpuso.

En 2016, recordó, Leonel agredió física y sicológicamente a sus tres hijos como mecanismo de lesión en su contra, obligándola a esconderse, lo cual aprovechó para despojarla del patrimonio que hicieron juntos.

Ahora, con el apoyo de terceros y de autoridades, “despliega conductas de ocultamiento procesal para evitar que se le exija el cumplimiento de sus obligaciones y la devolución de los bienes y las gananciales, colocándose en un falso estado de insolvencia”, aseguró.

Se trata de una situación que “vivimos miles de mujeres y no contamos con el apoyo de la autoridad para alcanzar una pensión alimentaria, obligándonos a trabajar dos o más jornadas laborales para sacar adelante a nuestros hijos”.

Hoy, una de cada 10 mujeres que demanda alimentos logra una pensión para sus hijos, ya que un juicio y toda la secuela procesal dura más de tres años, mientras la violencia vicaria ha provocado más de 88 mil niños muertos a manos de sus padrastros o sus padres de 2009 a 2019, denunciaron integrantes de la iniciativa.

Piden investigar

Por ello, entregaron un documento en la fiscalía para que se actúe contra los deudores alimentarios y se investigue además a Ramírez Farías, al que acusan de falsificar documentos e incurrir en uso indebido de atribuciones y actos de peculado.

La iniciativa Caso 992 es parte de un movimiento feminista, de madres solas e hijas e hijos abandonados, la cual se originó en 2019 a raíz de que una mujer, madre de tres hijos, fue abandonada después de haber sido violentada y despojada de su patrimonio.

Además, durante dos décadas tuvo que padecer el ocultamiento procesal de su cónyuge, sin que a la fecha haya sido emplazado.