Las escuelas normales rurales deben centralizarse administrativamente para asegurar que los recursos financieros sean equitativos y no dependan de gobiernos estatales, que en lugar de atender las necesidades de los estudiantes más pobres del país buscan desprestigiarlas y desaparecerlas, señalaron asociaciones de graduados normalistas rurales y el Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales (Fnenr).
Durante este año la represión en contra de esas escuelas ha crecido, incluso la normal rural de Panotla, Tlaxcala, “está en un momento turbulento cargado de tragedia por el deceso de una alumna debido a la violencia ejercida por la policía”.
También ha habido movilizaciones estudiantiles en las escuelas de Mactumatzá, Chiapas; Hecelchakán, Campeche; Teteles, Puebla; Atequiza, Jalisco; El Mexe, Hidalgo, y Panotla, Tlaxcala, afirmaron representantes de las asociaciones, por lo que este año ha sido difícil para el normalismo rural.
En todos esos casos, ante la exigencia de los alumnos de contar con condiciones dignas para estudiar, “la autoridad no responde en términos educativos, sino punitivos, violentan a la juventud normalista rural” y la respuesta es judicial y policiaca.
Los estudiantes “son reprimidos por policías, los procesan los jueces, y los juzgan, declaran culpables y se hacen merecedores de todo castigo por parte de los medios de información. Este guion de tratamiento lo encontramos en las diferentes movilizaciones estudiantiles”.
Los jóvenes se enfrentan a la negativa de los gobiernos para escuchar “las justas demandas de mejorar las condiciones de alimentación, asistencial, académica, respeto a su organización estudiantil y manejo honesto de los recursos que se les asignan para satisfacer la marcha de una escuela normal rural”.
Recordaron que en 1969 se cerraron 14 de las 29 normales rurales; en 2003 Mactumatzá perdió su sistema de internado, en El Mexe, Hidalgo, también, y cuatro años después egresó su última generación. Además, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos en 2014; en 2017 hubo tratamiento judicial y policiaco en contra de estudiantes normalistas rurales de Cañada Honda, Aguascalientes; Tiripetío, Michoacán y Panotla, Tlaxcala.
Por si fuera poco, en 2021 fueron recluidos en el penal de El Amate 93 estudiantes normalistas rurales de Mactumatzá, Chiapas, acusados de motín, pero ellos lo que pedían era un examen de nuevo ingreso presencial y no en línea, y se reprimió a estudiantes en Oaxaca, además de que fallecieron dos normalistas rurales de Teteles, Puebla.
En conferencia de prensa virtual, Minerva González, del Fnenr, dijo que se esperaba que las normales rurales fueran apoyadas porque el gobierno lo ha expresado, “algunas tienen un mejor apoyo, pero otras son crudamente tratadas. Los problemas siguen”.
Arturo Rentería recordó a su vez que esas escuelas normales surgieron para prestar servicio a todas las comunidades rurales y lo que se ve es una represión constante hacia los jóvenes que luchan por mejores condiciones para prepararse y que han sido hostigadas por los gobiernos estatales.
Ante eso, las asociaciones pidieron el cese a la violencia contra los normalistas y la apertura inmediata al diálogo y negociaciones entre autoridades y estudiantes.