La 'Casa Blanca'. Foto La Jornada / Archivo
La casa blanca es un inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, con valor de 54 millones de pesos. Fue adquirido el 12 de enero de 2012 por Angélica Rivera a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una compañía subsidiaria de Grupo Higa. Foto La Jornada / Archivo
Ciudad de México. El caso conocido como la casa blanca, uno de los escándalos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto y que involucró a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado y a la constructora Higa en la presunta comisión de los delitos de conflicto de intereses y ejercicio indebido del servicio público, quedará en la impunidad: nunca hubo una denuncia administrativa o penal.
El tiempo para la acción penal ya prescribió, ya que esos delitos se sancionan con penas que van de cuatro a siete años y tanto el conflicto de intereses como el presunto otorgamiento irregular de 33 contratos donde la casa blanca fue elemento central, ocurrieron entre 2012 y 2014, señalaron funcionarios federales.
La Jornada presentó solicitudes de información pública a las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ninguna de ellas dijo haber formulado denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigara o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionara al ex mandatario, su entonces esposa o a la constructora que encabeza el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
La única denuncia penal relacionada con este caso la formuló la SFP en 2019 por la desaparición del expediente original, que se integró entre 2014 y 2015, todavía en el gobierno de Peña Nieto.
El juicio por la “pérdida” del expediente que pudo servir para sustentar acusaciones concluyó en mayo de este año. El tercer tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; Jesús Antonio Suárez, ex director general de Denuncias e Investigaciones, y Daniel Pérez Rueda, ex director general adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, fueron responsables del delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Sin embargo, la pena para los tres consistió en realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado debidamente la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
La casa blanca es un inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, con valor de 54 millones de pesos. Fue adquirido el 12 de enero de 2012 por Angélica Rivera a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una compañía subsidiaria de Grupo Higa.
Este caso de presunta corrupción y conflicto de intereses estalló por el antecedente de que Higa fue un contratista habitual del gobierno del estado de México cuando lo encabezó Peña Nieto (2005-2011). Se hizo público en noviembre de 2014, por lo cual la SFP comenzó una investigación y en agosto de 2015 dio a conocer las conclusiones.
Tras revelarse el escándalo, Rivera aseguró que ella adquirió el inmueble con recursos propios, obtenidos de su trabajo en Televisa, pero en diciembre de 2014 regresó el dominio de la propiedad a Grupo Higa.
En agosto de 2015, Virgilio Andrade, entonces titular de la SFP, expuso que Peña Nieto no incurrió en ninguno de los supuestos delitos de conflicto de intereses contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos con la adquisición de la casa.
Según Andrade, la compraventa se realizó antes de que Peña Nieto asumiera como presidente de la República. Aseguró que no hubo beneficio o ventaja, ya que el político mexiquense no participó en su momento en el otorgamiento de contratos y los términos de la transacción no fueron modificados cuando ocupó el cargo en diciembre de 2012.
Fue hasta septiembre de 2019, ya en la actual administración federal, que la SFP presentó una denuncia por ejercicio ilícito del servicio público con motivo de la desaparición del expediente, pero ninguna para que se sancionaran probables delitos de tipo penal.
El pasado 7 de julio, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que el organismo interpuso una denuncia para que la FGR indague al ex presidente Peña Nieto tras “detectar un esquema” a través del cual obtuvo beneficios económicos.
Este diario solicitó información a las diversas instancias que integran la SHCP para conocer si existían registros de alguna denuncia contra el ex mandatario, su ex esposa y la empresa Grupo Higa por la casa blanca.
La respuesta inicial fue que se trataba de información confidencial. Así lo señalaron a través de los oficios 529-V-DGDF-0883/2022 y 529-V DGDFD-958-2022 emitidos por la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos y la Dirección General de Delitos Fiscales, adscritas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la PFF. De igual manera lo hizo la UIF vía el oficio UIF-252/2022.
Ante un recurso de queja promovido por La Jornada ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo “determinó modificar la respuesta otorgada a la solicitud de información de referencia, ello en virtud de que se trata de un asunto de trascendencia e interés público debido a su relación con personas físicas que desempeñaron cargos públicos de relevancia dentro de la vida pública del país, como lo es el presidente de la República y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, razón por la cual se considera que el informar sobre la existencia o inexistencia de dichos procedimientos penales en contra de los servidores públicos y la persona moral de mérito, genera un mayor beneficio para la sociedad en general, otorgándose información veraz, objetiva e imparcial, ya que incide directamente en generar certeza sobre la gestión de los ex funcionarios, garantiza el ejercicio al acceso a la información y favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos”.
Así, la PFF resolvió informar que es inexistente en los archivos de los organismos de la SHCP registro alguno de denuncia presentada de enero de 2013 a agosto de 2022, contra Peña Nieto, Angélica Rivera o Grupo Higa.
Por lo que hace a la UIF, el pasado 7 de septiembre respondió en el oficio D.E. UIF/110/284/2022 que “realizó una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de las áreas que integran la UIF; sin embargo, no se localizó registro alguno de denuncias relacionadas con el caso de ‘la llamada casa blanca’”.
Para dar cumplimiento a la resolución del INAI, el oficio D.E. UIF/110/313/2022, firmado por Pablo Gómez, señaló: “En la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, celebrada el 21 de julio de 2021 (error de fecha, pues fue el 7 de julio de 2022), el suscrito informó que se presentó una denuncia ante la FGR en contra de un ex presidente, esta no está relacionada con ‘la casa blanca’ o la adquisición de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec”.
Por último, las distintas áreas de la Auditoría Superior de la Federación informaron “no haber practicado auditorías relacionadas” con el tema.
