Ciudad de México. Al dar a conocer su opinión sobre la reforma electoral que se pretende aprobar en el Congreso, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sostuvo que si bien todo sistema electoral es perfectible destaco que “cambiar un sistema y, sobre todo, una administración electoral que ha funcionado bien, requiere especial cautela”. En el documento se advierte que un principio básico que esta instancia ha recomendado es “la adopción de la legislación mediante un amplio consenso tras amplias consultas públicas con todas las partes interesadas”.

En respuesta a la solicitud de una opinión técnica sobre la iniciativa de reforma electoral promovida desde el gobierno federal y Morena, solicitada por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, la Comisión sostiene que “el nuevo sistema electoral propuesto podría llevar a una sobrerrepresentación de los grandes partidos y a una infrarrepresentación o incluso a la no representación de los partidos políticos más pequeños en los órganos electo”.

Dicho documento fue presentado el viernes pasado en Venecia en una sesión en la que estuvieron presentes, por la parte gubernamental, Cristopher Ballinas Valdés, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales del Gobierno de México, y el Embajador José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de la Misión Permanente de México ante el Consejo de Europa, así como el propio Córdova. Ambas partes expusieron sus argumentos pero sus posturas no se incorporaron al documento en razón que era la postura de la Comisión de Venecia.

En el documento, esta instancia desglosa varios aspectos donde advierte que existen deficiencias técnicas o donde considera que pueden generar riesgos innecesarios a futuro. Todo sistema y administración electoral puede mejorarse, y es un objetivo legítimo promover cambios institucionales y la reforma del sistema electoral de un país con el fin de crear condiciones de transparencia, eficiencia y transparencia, la eficacia y la responsabilidad de los organismos de gestión electoral.

“Sin embargo, cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confianza”.

Una de las principales deficiencias que detectó la Comisión es la propuesta de elegir a los consejeros y magistrados electorales. De entrada considera inusual y con grandes riesgos crear una instancia electoral que se encargue además de la elección de sus propios miembros, “crea riegos para su condición de organismo imparcial”.

El documento va más allá al cuestionar que en la iniciativa se contempla elegir consejeros “sin ningún requisito relativo a la preparación técnica y cualificación de los consejeros. “Mientras que el texto de la Constitución ofrece una de la Constitución proporciona una descripción muy detallada de las competencias y los detalles del funcionamiento de la administración electoral, la Iniciativa no establece ningún requisito de preparación técnica y cualificación de los consejeros”

Además cuestiona el papel de los partidos políticos en estos procesos donde además “se prevé un proceso de preselección que no permite aplicar todas las normas internacionales en materia de elecciones a esta votación, incluso si garantizara su imparcialidad”. Además, una elección puramente ´política “iría en contra del principio de imparcialidad ya que la prohibición de hacer campaña electoral no podría respetarse”.

La Comisión de Venecia desea subrayar que existe un riesgo inherente a la reducción de las tareas del INE porque las atribuciones actuales han demostrado su eficacia para garantizar unas elecciones democráticas en la década pasada. El objetivo de reducir el coste de la administración es comprensible y legítimo; sin embargo, si las competencias del nuevo INE son menos amplias en comparación con el actual organismo electoral y algunas de sus tareas son realizadas por diferentes instituciones estatales, es esencial que la independencia, la imparcialidad, la transparencia y la eficacia del proceso electoral se mantengan y se garanticen plenamente bajo el nuevo diseño constitucional.

Asimismo estima que reducir el número de funcionarios públicos permanentes en las administraciones electorales y la incorporación de especialistas en gestión electoral, de especialistas en gestión electoral “que serán contratados ad hoc, lo que conlleva un riesgo inherente a la credibilidad de la gestión del proceso electoral”.