Buenas noticias para la próxima Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Sharm El Sheick, Egipto, del 6 al 18 de noviembre. Recién se anuncian notables salidas de algunos países de tratados de protección de inversiones que les atan las manos para actuar en favor del clima. Francia, Países Bajos y España, siguen a Polonia e Italia en retirarse del Tratado de la Carta de Energía, la cual protege a empresas extractivas (petróleo, gas y minería) y energía y les permite demandar a gobiernos por medidas y regulaciones en favor del clima que afecten sus ganancias, incluso aquellas “esperadas”.
Pero hay que ir mucho más allá. En una carta firmada por decenas de organizaciones de todo el mundo se exige a gobiernos remover ya el infame mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), debido a la mordaza que representa para actuar en favor del ambiente (abierta para más firmas hasta el 4 de noviembre https://bit.ly/3VMfzwk). Los casi 3 mil tratados de libre comercio y de inversión contienen cláusulas ISDS que han llevado a demandas de corporaciones a gobiernos por montos multimillonarios (e incalculables por la gran secrecía). (Ver “La 4T y los derechos de los inversionistas”, en La Jornada, 1º/4/21).
Como se explica en la carta, los principales riesgos del sistema ISDS son: 1) aumento de lo que cuesta a estados actuar ante la crisis climática dado que las corporaciones pueden reclamar exorbitantes cantidades de dinero de los contribuyentes por medio del sistema de demandas ante opacos tribunales supranacionales, y 2) el “enfriamiento regulatorio”, pues el temor a ser demandados puede hacer que gobiernos retrasen o decidan no tomar las medidas necesarias en materia climática, como ya ha ocurrido. “Las comunidades que se encuentran en la primera línea de la crisis climática a menudo están en el centro de las denuncias de ISDS a través de las luchas contra la minería destructiva y otros proyectos extractivos. Debemos librarnos urgentemente del sistema ISDS. Las pruebas de años de perjuicios al ambiente, la tierra, la salud y la libre determinación de los pueblos de todo el mundo son contundentes y la urgencia renovada del imperativo climático está fuera de duda… Los gobiernos deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a los riesgos asociados al mecanismo ISDS. Sabemos que se puede lograr, porque algunos como Sudáfrica, India, Nueva Zelanda, Bolivia, Tanzania, Canadá y (hasta) Estados Unidos han tomado medidas para acabar con el ISDS” (estos últimos dos eliminándolo del T-MEC).
Se hace un llamado a dejar de negociar, firmar, ratificar o a unirse a acuerdos que incluyan cláusulas ISDS; como el Tratado de la Carta de Energía (TCE) o el, eufemísticamente llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (mejor conocido como TPP); este último del que México es parte y del cual Canadá puede hacer uso para que sus empresas mineras nos demanden. Las alternativas existen, incluida la resolución de diferencias entre estados, los seguros de riesgo de inversión, la colaboración internacional para reforzar los sistemas jurídicos nacionales y los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
Pero aquí la paradoja: el TCE, contaba hasta hace poco con 48 países miembros, desde Europa Occidental a Asia Central y hasta Japón (ver “Un tratado para gobernarlos a todos. El Tratado sobre la Carta de la Energía, en constante ampliación, garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética”: https://bit.ly/3CRfwH6). Entre las numerosas disposiciones del TCE incluye cláusulas ISDS garantizando a inversionistas extranjeros en el sector extractivo y energético amplios derechos para demandar a los estados ante tribunales supranacionales como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La reciente desbandada de países europeos del mismo TCE demuestra cómo se le salió el tiro por la culata a la Unión Europea, principal promotora del tratado, pues sus mismos países miembros han sido demandados por miles de millones dólares por políticas de control de emisiones de CO2. En un informe de Lucía Bárcena, del TNI (https://bit.ly/3MOxz5j), se documenta cómo España es el país más demandado. Ha recibido 50 demandas (hasta octubre de 2021). Me comenta que “la supuesta ‘modernización’ del TCE (que lo haría más compatible con los esfuerzos climáticos) no alcanzó los estándares exigidos en materia ambiental y por eso los países están renunciando al tratado. Sin embargo, estos mismos estándares están siendo empujados por la misma UE en otros acuerdos como en la ‘modernización’ de sus TLC con México o Chile”.
Resulta incoherente o prueba de un neocolonialismo en ascenso el que países ricos se sacudan de mecanismos de resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS) pero lo pretendan seguir imponiendo a países periféricos y aún más que éstos se dejen arrastrar. En efecto, muchos países de Asia, África y hasta América Latina están en espera de adherirse al TCE (y a otros TLC). Guatemala, Panamá, Colombia y Chile están haciendo cola. Ojalá los flamantes gobiernos progresistas de Petro y Boric, respectivamente, se retiren. Pero lástima, con el recién apoyo de Boric para la ratificación del Tratado Transpacífico (TPP) en Chile, la decepción permea. Lo mismo con el apoyo de la 4T a los tratados de libre comercio y de protección de inversiones, que son las armas fundamentales del neoliberalismo. Es urgente terminar con el sistema ISDS a escala global.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
