En Pachuca, Hidalgo, Adán Augusto López Hernández habló de las posibilidades de que un militar participe en política e “incluso” pudiera llegar a ser Presidente de la República.

El artículo 82 de la Constitución, en su fracción quinta, reconoce tal posibilidad de competencia por el máximo cargo nacional, con un condicionamiento alcanzable por cualquier interesado: “No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección”.

Pero lo dicho por López Hernández tiene un impacto más allá de la letra jurídica. Si la política tiene como referentes el tiempo y las circunstancias, el tabasqueño asentado en Bucareli ha dado un paso más en la búsqueda de “normalización” del acelerado proceso de empoderamiento militar, que va ganando posiciones civiles como nunca antes en la historia posrevolucionaria.

El discurso constante del Presidente de la República, ahora más aterrizado por el titular de Gobernación, presenta a los militares como el segmento más ordenado, eficaz, confiable y trascendente de una sociedad mexicana cuya parte civil se ahoga en la politiquería, la corrupción y la ineficacia. Dado que tantos méritos atribuye López Obrador a los militares cada vez que explica por qué decidió asignar una nueva responsabilidad al ámbito castrense, parecería una secuencia lógica que tal relevancia se aplicara a la máxima responsabilidad: la de presidir el país.

Ya se irán viendo las consecuencias prácticas del destape verde olivo que hizo el otro López. Pareciera que en el escenario se libra una temprana y cada vez más enconada guerra por la sucesión entre tres corcholatas civiles, a la que ahora habría que agregar un tapado militar, como alternativa en caso de emergencia.

La ejecución de Salvador Llamas Urbina en Guadalajara, el viernes reciente en un restaurante de cocina sonorense, constituye una seria advertencia al partido Morena respecto a la forma en que ha integrado sus órganos de gobierno.

Era integrante del consejo nacional de Morena y en Jalisco fue el aspirante con más alta votación para conformar ese órgano, a la par que se promovía como pretendiente a la candidatura morenista a gobernar la entidad. Oriundo de Zacatecas, donde anheló ocupar cargos de elección popular y acumuló decenas de acusaciones formales de diversa índole, llegó a Jalisco en 2019 y en 2021 buscó ser candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta (el senador zacatecano José Narro era delegado electoral).

No reunió los requisitos de elegibilidad y apoyó a un profesor y empresario, Luis Michel, ex panista, quien ganó a nombre de Morena, aunque en los hechos se mencionaba con insistencia que el verdadero control municipal lo ejercían Jesús, uno de los hijos del Presidente, y Llamas Urbina, siempre entre diversas especulaciones oscuras.

Llamas Urbina fue asesinado a tiros por una de las personas con las que se había reunido, dos del sexo masculino y una del femenino. Era jefe del gabinete de Puerto Vallarta y director del sistema de agua potable del municipio, con ramificaciones políticas y financieras hacia la próxima elección en Coahuila.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reculó en su propósito de exhibir al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. “Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar”, había escrito la gobernadora que durante semanas exhibió a Alejandro Moreno Cárdenas para luego abandonar el tema, de índole incluso judicial, en cuanto Alito se alineó con el partido gobernante.

Esta vez Monreal dijo no tener miedo de lo que se difundiera en el programa sansorista, insinuó con acciones judiciales si fuera el caso y advirtió: “La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado para no adentrarnos en caminos sin retorno”. Ante ello, Sansores desistió, “para no generar malas interpretaciones”. ¿Quién autorizó inicialmente ir contra Monreal y quién frenó luego esa embestida? ¡Hasta mañana!

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