Miami. Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, al prohibirle a los ciudadanos estadunidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, amenazando con restricciones comerciales y retirándole las visas a unos 500 allegados del gobierno, relevaron funcionarios de Washington.

Es la más reciente y quizás la más agresiva medida de Estados Unidos para castigar al ex líder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.

Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y contra familiares y allegados cercanos. Pero ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros miembros del clero.

El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva que amplía significativamente otra emitida bajo la presidencia de Donald Trump, donde declara que las violaciones de normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron los funcionarios.

Junto con sanciones que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía nicaragüense y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados debido a que las medidas no han sido anunciadas.

La orden ejecutiva además allana el camino para que Estados Unidos pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.

Las acciones del lunes podrían augurar el inicio de nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, una acción que la administración Biden hasta ahora ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. En lo que va de año, agentes fronterizos de Estados Unidos han encontrado nicaragüenses en las fronteras en 134 mil ocasiones, casi el triple de todo el 2021.

Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera en que las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión del gobierno de Ortega.

La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación del país en 2020 y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, busca duplicar la producción en los próximos cinco años.

Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua está Condor Gold, cuyo CEO Mark Child apareció en una foto con Ortega en septiembre, en una presentación preparada por la empresa basada en Reino Unido.

“Básicamente, él apoya totalmente el proyecto”, declaró Child en una entrevista en marzo tras un encuentro de 90 minutos con Ortega. “Ese encuentro … básicamente le da luz verde al proyecto de construcción y su financiamiento y le elimina los riesgos”.

Condor, que cotiza en las bolsas de Londres y Toronto, tiene licencias para construir tres minas, de las cuales la más avanzada tendría 602 mil onzas de oro para un valor de 900 millones de dólares a los precios actuales. Condor es en parte propiedad de un ingeniero en minería estadounidense que ha trabajado durante décadas en Nicaragua.

Como parte de las medidas que serán anunciadas el lunes, el Departamento de Estado le retirará las visas a más de 500 individuos nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno en formular o implementar políticas que socavan la democracia en el país o que se benefician de ellas, dijeron los funcionarios. Previamente, Estados Unidos había congelado los activos del ministro de Defensa y de otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al cierre de más de 1.0000 organizaciones no gubernamentales.

Anteriormente, la administración Biden había sancionado a la empresa estatal de minería y había modificado la cuota de azúcar nicaragüense, retirándole un subsidio que valía millones de dólares al año.

Los nicaragüenses empezaron a emigrar en 2018, inicialmente a la vecina Costa Rica, cuando Ortega empezó a reprimir protestas violentamente. En 2021, las fuerzas de seguridad empezaron a detener líderes opositores, incluyendo varios que se perfilaban como candidatos contra Ortega en las elecciones de ese año. Al no tener un contrincante serio, él ganó fácilmente un cuarto período quinquenal consecutivo y más nicaragüenses huyeron del país.