A lo largo de sus 100 años de existencia, las normales rurales se han caracterizado por ser instituciones abiertas para que los sectores más empobrecidos del país accedan a una educación superior vinculada a las necesidades de las comunidades donde se encuentran, así como a sus luchas históricas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Esta tradición normalista no podría ser concebida sin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), constituida en 1935 y heredera del proyecto educativo cardenista, la cual ha tenido que luchar contra todo para mantener vivas a las escuelas, pese a las campañas de desprestigio y la recurrente represión gubernamental.
Por sus dimensiones y estructura, la FECSM es la organización estudiantil más importante del México actual, conformada en el país por casi 7 mil estudiantes para el ciclo escolar 2020-2021.
Sin embargo, pese a la relevancia histórica del normalismo rural, su centenario ha traído consigo una gran preocupación entre la población estudiantil de las 17 normales rurales existentes: el potencial desmantelamiento de sus escuelas, de sus estructuras políticas de representación y tradición de un normalismo comprometido socialmente.
El martes pasado, estudiantes de las normales de Ayotzinapa, Mactumactzá y Teteles marcharon en la Ciudad de México para exigir solución al conjunto de peticiones realizadas por estudiantes de la Normal de Teteles, ubicada en Puebla, a las cuales el gobierno estatal no ha dado respuesta efectiva en su conjunto: 1. Destitución de directivos, señalados de corrupción y abuso de autoridad, 2. Reactivación del diálogo entre las estudiantes normalistas y los gobiernos federal y local, 3. No mercantilización educativa mediante prácticas de certificación, 4. Reinstalación de tres estudiantes expulsadas, tras un proceso fabricado, y 5. Cumplimiento de acuerdos tomados en 2019 con el gobierno de Miguel Barbosa. El conflicto en Teteles no es nuevo. Y es que ante el desdén de autoridades respecto a las necesidades académicas de las alumnas, su organización política ha tenido que mantenerse activa, pese a episodios trágicos, como cuando en jornadas de protesta de 2021 murieron dos estudiantes de dicho plantel y fueron detenidas 43 personas, entre ellas alumnos provenientes de las normales de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapa y Amilcingo, ubicadas en Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos, respectivamente.
La situación en Teteles es sintomática de la coyuntura política que se vive en el normalismo rural en distintas latitudes del país. Estudiantes en los planteles de Panotla, Mactumactzá y Atequiza han alzado la voz recientemente para exigir que los normalistas puedan participar en la toma de decisiones importantes respecto a los planteles educativos. Ante la movilización estudiantil, se ha consolidado una estrategia de desgaste por parte de las autoridades: 1. Mesas de diálogo que no conducen a acuerdos efectivos, 2. Retórica mediática de “apertura”, 3. Desprestigio del movimiento estudiantil por parte de medios de comunicación locales y eventualmente 4. Uso de la fuerza pública para debilitar la organización estudiantil local y expresiones de solidaridad de otras normales rurales.
Estudiantes afirman que en las negociaciones entre autoridades y alumnos de la normal de Panotla, ha resultado claro que la apuesta oficial apunta hacia la disolución del Comité de la FECSM local y con ello la desaparición de la representación normalista. Estudiantes de Teteles recuerdan que en enero pasado, el secretario de Educación de Puebla afirmó que las organizaciones estudiantiles no tenían ninguna facultad en la toma de decisiones de sus escuelas. Lo anterior ha apuntalado un temor entre el normalismo mexicano: que los gobiernos federal y local impulsen “un plan de desmantelamiento” de las escuelas normales rurales, lo cual es fortalecido debido a la negativa del Ejecutivo federal de aceptar una reunión con la FECSM y construir acuerdos que conduzcan a fortalecer dichas instituciones.
En un gobierno de origen democrático, cuyo principal elemento retórico ha sido considerar “primero a los pobres”, continuar con el abandono del normalismo rural sería simplemente una traición a las causas populares.
No obstante, aún hay más: al tiempo en que gobiernos locales morenistas y el gobierno federal golpean al normalismo rural, ya sea por acción u omisión, la SEP apoya la convocatoria al National Teacher Prize, premio promovido por Movimiento STEM, Varkey Foundation y Global EdTech Impact Alliance. Su jurado, conformado por “expertos” de “instituciones esenciales para México”, como Citibanamex, Dell Technologies, Bécalos y Fundación Coppel, nos permite inferir el perfil docente deseado. Además de ser impulsado por entidades que han apuntalado políticas de privatización endógena de la educación en países como Argentina, el premio representa una intervención directa de la industria educativa global en el mundo del trabajo magisterial. Evidentemente, se está perdiendo una gran oportunidad para fortalecer a las instituciones públicas formadoras de docentes, desmanteladas por décadas de neoliberalismo. En este panorama, surgen algunas dudas respecto a quienes formalmente conducen la educación mexicana: ¿Qué perfil de docente busca impulsar la transformación de la 4T? ¿Un embajador de marca de Google, un emprendedor individualista o un profesional de la educación con compromiso social? ¿Desestiman al normalismo rural por ignorancia de su historia? O en todo caso ¿quién manda verdaderamente en educación?
Exigimos la presentación con vida de Saúl Sánchez Lara, dirigente de Comunidades Unidas de Matamoros para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, secuestrado el 19 de octubre en Matamoros,Tamaulipas.
* Profesor FFL/UNAM
