Santa Cruz., Al menos un muerto fue el saldo preliminar de enfrentamientos entre partidarios y opositores al gobierno del presidente, Luis Arce, ayer en la primera jornada de un paro indefinido en el departamento boliviano de la ciudad oriental de Santa Cruz con el fin de exigir al gobierno que adelante para 2023 el Censo Nacional de Población y Viviendas, que está fijado para un año después.

Arce y el ex mandatario Evo Morales condenaron los ataques de grupos de choque al servicio de los promotores del paro.

Detractores y seguidores del gobierno de Luis Arce, armados con piedras, palos y explosivos, protagonizaron enfrentamientos desde antier en Puerto Quijarro, ciudad fronteriza con Brasil de unos 20 mil habitantes, según imágenes difundidas en redes sociales.

Pablo Tarragona, manifestante de 47 años, al parecer murió por los golpes que le propinaron grupos rivales cuando intentaba desbloquear una ruta en Puerto Quijarro, población de Santa Cruz fronteriza con Brasil, informó el fiscal Freddy Durán. “Estamos investigando, porque esto es un homicidio”, dijo.

“Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro”, declaró Arce, quien instó a investigar los hechos y “sancionar a los responsables”.

Por su parte, Evo Morales tuiteó: “Nuestro profundo pesar por la muerte de un hermano en Santa Cruz a causa de la violencia provocada por los que imponen paros y buscan enfrentamiento entre bolivianos. Exigimos que se deje de lado los cálculos políticos para dar paso a un diálogo sincero, responsable y democrático”.

Un comité de Santa Cruz, en el que participan representantes sociales y empresariales, convocó hace dos semanas una serie de protestas para exigir al gobierno realizar un censo de población el próximo año, pues consideran que están subrepresentados legislativamente y que reciben menos fondos del gobierno central de lo que les corresponde.

La representación en el Congreso y la partida presupuestal del estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población, por eso Santa Cruz, el más poblado del país, quiere actualizar el censo. El último se hizo hace más de 10 años.

Si bien en el centro no hubo incidentes, en algunos barrios de la periferia se reportaron choques callejeros entre vecinos opositores y oficialistas.

“Lo dijimos: el acarreo de gente obviamente genera violencia”, lamentó el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, tras los enfrentamientos.

En paralelo al comienzo de las protestas, el gobierno de Arce abrió una mesa de diálogo con representantes del comité que convocó la huelga, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en busca de superar las diferencias.

Mientras Santa Cruz reclama el censo para 2023, el gobierno afirma que no hay condiciones técnicas para realizarlo antes de 2024.

Ante la falta de consenso, el diálogo quedó interrumpido y los líderes civiles de derecha reiteraron que la huelga regional continuará.