Chihuahua, Chih., A diez años del asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís, defensores del agua y el medio ambiente en Chihuahua, ejidatarios y barzonistas del municipio de Buenaventura mantienen su exigencia de justicia y acusaron al gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván de persecución política en su contra al reactivar denuncias y órdenes de aprehensión.

Los activistas encabezaron una lucha en defensa del agua en la cuenca del río Del Carmen y en contra de la instalación de la mina El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en el ejido Benito Juárez, en Buenaventura.

La pareja de defensores del agua y del medio ambiente fue asesinada a balazos cuando circulaba en la carretera de ciudad Cuauhtémoc al seccional Álvaro Obregón, días después de haber estado con el secretario general del gobierno estatal para pedir protección para resguardar su vida, recordaron sus compañeros en un pronunciamiento.

La empresa Mag Silver continúa el acoso y agresiones contra los ejidatarios con apoyo del actual gobierno local, que reactivó una denuncia penal de 2013, interpuesta por la minera, acusaron los campesinos, respaldados por El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua.

“Este año, como tantos otros, nos hemos reunido para exigir justicia, con la diferencia de que ahora lo hacemos desde la persecución, pues el gobierno de Campos Galván, mediante la fiscalía estatal, reactivó la denuncia penal interpuesta por la compañía contra integrantes del ejido Benito Juárez por desalojar la mina, luego que ésta no acató la decisión de la asamblea que resolvió expulsarlos del territo-rio comunal.”

Demandaron al gobierno federal que, de forma urgente, “intervenga en la aplicación de la ley y resuelva el conflicto de fondo en la sobreexplotación ilegal y la cancelación de la concesión minera, de esta forma, que se detenga la persecución de quienes defienden el agua y el medio ambiente”.

En abril pasado, la Fiscalía General del Estado reactivó órdenes de detención contra ejidatarios de Benito Juárez, entre ellos, Joaquín Solorio, hijo de Ismael Solorio y Manuela Solís, por actos de resistencia contra la minera Mag Silver, pues participó en el desalojo de cajas y muestras de minerales de un terreno ejidal que rentaba la compañía para impedir la explotación minera a cielo abierto, en 2013.

Tras el homicidio de los activistas, la asamblea ejidal determinó, el 17 noviembre de 2012, sacar maquinaria y equipo de la minera El Cascabel, y prohibió que en 100 años se realicen trabajos de minería en su territorio comunal.