La sentencia máxima contra el agresor de Ingrid Escamilla no sólo se trata de un castigo, sino de sentar un precedente y evitar una situación similar en el futuro, afirmó la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy. Por ello, dijo, se buscó sancionar a los servidores públicos que filtren datos y materiales sensibles de las víctimas.
En su informe sobre las acciones contra la violencia de género, la funcionaria expuso que la ley Ingrid se aprobó en la Ciudad de México; no obstante, también se tiene previsto que se discuta en el Congreso de Unión para que se apruebe a nivel nacional.
Manifestó que esta norma “ha sido repetida en otros estados de la República y en algunos congresos locales ya se presentó la iniciativa; además, legisladores federales buscan discutirla y aprobarla a nivel nacional”.
Sin embargo, indicó, también se preparó una investigación robusta y profesional, acompañada de pruebas científicas y testimoniales en campo y en gabinete que permitieron presentar ante la autoridad judicial un expediente sólido para acreditar la responsabilidad penal de Erick Francisco N por el asesinato ocurrido en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Ernestina Godoy también informó que Miguel Ángel N, acusado de atacar sexualmente a mujeres en las inmediaciones de Anillo Periférico, ha acumulado más de 143 años de cárcel por diferentes sentencias en su contra, como resultado de las acusaciones presentadas por la fiscalía.
Al día de hoy, detalló, tiene 20 procesos penales y aún existen siete carpetas de investigación, así como una averiguación previa en trámite.
Sobre las acciones emprendidadas contra la violencia de género, la fiscal señaló que del primero al 14 de octubre se ejecutaron 30 órdenes de aprehensión, 40 detenciones en flagrancia y se llevó a proceso a 70 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres.
Veintiocho fueron imputadas por violencia familiar y 16 por abuso sexual; 10 por violación; ocho por feminicidio; cuatro por acoso sexual; dos por tentativa de feminicidio e igual número por el delito contra la intimidad sexual.
