La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años la información que entregó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), parte de la cual exhibe los flujos de financiamiento entre autoridades de todo nivel y operadores del crimen organizado que estuvieron involucrados en la desaparición de 43 integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Amparada en argumentos sobre la tareas de la UIF, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que dar a conocer parte de lo entregado a la comisión de la Secretaría de Gobernación implicaría “poner en riesgo las actividades de prevención” que realiza.

Parte de las 512 fojas que entregó la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, a la Covaj, estaría exhibiendo que pese al encarcelamiento de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda y el bloqueo a cuentas bancarias de sus hijas, la actividad financiera de la familia Abarca Pineda no disminuyó luego de que iniciaran las investigaciones sobre lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, según pudo conocer La Jornada de fuentes que conocen el expediente.

En cambio, la familia del ex presidente municipal de Iguala siguió recibiendo “mucho dinero en efectivo”, de acuerdo con un análisis de los documentos que llegaron a la Secretaría de Gobernación en julio de 2020, remitidos por la UIF.

La UIF es dirigida desde noviembre de 2021 por Pablo Gómez.

Más allá de los flujos de recursos alrededor de la familia Abarca, dueña de espacios comerciales como Galerías Tamarindos, en el centro de Iguala, la UIF revisó la actividad financiera de algunos integrantes de las bandas del crimen organizado que presuntamente participaron en la desaparición de los normalistas. No hubo grandes hallazgos en este punto, dado que la unidad sólo recibe y procesa información del sistema financiero, mientras la mayoría de las operaciones que financian delitos se realizan en efectivo.

De acuerdo con el análisis de las 512 fojas que la Covaj recibió de la UIF, no destaca seguimiento financiero alguno sobre militares, los cuales –sostienen las investigaciones tuteladas por el subsecretario Alejandro Encinas– habrían participado en la desaparición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en favor de dar a conocer toda la información relativa al caso Ayotzinapa.

“Toda la información que recibe y genera esta unidad constituye un mecanismo que, de conformidad con la normativa aplicable, es considerada de inteligencia y de apoyo al desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia”, respondió Gómez a una solicitud de transparencia, al defender la reserva de la información por cinco años.

“Al proporcionar la información solicitada, se obstaculizarían las actividades de inteligencia que realiza esta UIF, ya que la mínima acción de especificar o señalar los datos o información con los que se cuenta en nuestros archivos, implicaría revelar los datos específicos que esta unidad analiza y utiliza para la generación de inteligencia para la seguridad nacional”, añadió.

La “restricción temporal al acceso de información” impuesta por el titular de la UIF, Pablo Gómez, sobre los documentos que integran el informe del caso Ayotzinapa, vence el 10 de octubre de 2027.