Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en México enfrentan una serie de obstáculos que limita su acceso a los sistemas de protección social para atender sus necesidades, garantizar el respeto de sus derechos y reducir la pobreza, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo, subraya, diversas iniciativas orientadas a integrar a refugiados y solicitantes de asilo a oportunidades laborales formales se vieron afectadas debido a la pandemia de covid-19.

La escasa oferta laboral formal obliga a los refugiados y solicitantes de asilo a integrarse al sector informal.

Para superar esto, “requieren de la acción del Estado para asegurar condiciones mínimas para que obtengan ingresos suficientes, para enfrentar situaciones de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, a partir de su acceso a los sistemas de seguridad y protección social”, plantea la OIT en el documento.

Respecto al acceso a la vivienda, la falta de coordinación entre distintas autoridades y los limitados recursos financieros ocasionan el cierre de albergues, lo que orilla a los migrantes a estar en situación de calle o vivir en condiciones de hacinamiento.

Sobre el acceso a la salud, la organización identificó que es limitada la cobertura y acceso, lo cual se agravó por la emergencia sanitaria y la restructuración de los servicios en 2020 y por ello “se acercan a consultorios y farmacias privadas”.

Los sistemas de protección social y sus programas deben considerar dos regímenes: el contributivo, financiado por las personas protegidas, y el no contributivo, que no requiere cotización directa de los beneficiarios o empleadores para tener derecho a algún programa social.