Lima. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer respaldar al gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, y enviar una misión para realizar un análisis “objetivo” frente a la situación de crisis política del país sudamericano, en medio de presiones de la oposición para destituirlo.

El respaldo fue aprobado por aclamación de una resolución que hace un llamado a todos los actores políticos de Perú para que sus acciones se “enmarquen en el respeto al estado de derecho”, en reconocimiento de la Carta Democrática solicitada por el mandatario Castillo, quien antier reiteró que la fiscalía general de su país impulsa un golpe de Estado en su contra, y advirtió que concluirá su mandato.

El gobierno de Estados Unidos señaló que la rendición de cuentas es “vital” para cualquier democracia. “Continuamos monitoreando de cerca la situación política” en Perú, inmerso en una grave crisis, afirmó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa, en la que expuso que la OEA “puede servir potencialmente como un socio en este proceso”.

El canciller de Perú, César Landa, sustentó previamente el pedido de respaldo de la OEA en un discurso por videoconferencia, en el que expuso que el país andino “vive una grave crisis política que necesita ser superada”.

Landa dijo que la misión “alto nivel” que designará la OEA tendrá “una apreciación plural y objetiva de la situación; ello podría permitir espacios de diálogo y conciliación dirigidos a preservar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática en Perú”.

No estaba claro cuándo visitaría Lima la misión de la organización americana.

La cancillería peruana dijo más temprano por Twitter que la aplicación de la Carta Democrática de la OEA “no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en al marco constitucional peruano, ni los procesos de control y contrapeso entre los poderes del Estado”.

La decisión de la OEA ocurre más de una semana después de que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo, abriendo una nueva batalla legal que las fuerzas de la oposición de derecha buscan que lleve a la destitución del líder izquierdista.

La denuncia de la fiscal contra Castillo, la primera a un jefe de Estado peruano en activo, incluye investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y de dirigir una organización criminal. El mandatario, por su parte, niega todas las acusaciones.

Desacuerdo con la visita

El presidente del Congreso, el militar retirado José Zapata, afirmó en una conferencia de prensa que si bien no está de acuerdo con la decisión de la OEA, el Poder Legislativo recibirá a la misión. “Pensamos que va ser bueno, que venga, que hable con la fiscalía, con el Congreso” y también añadió a ese grupo a los partidos políticos.

El presidente Castillo, un ex sindicalista y profesor de primaria que ha sobrevivido a dos intentos de destitución cuando lleva 15 meses en el poder, ha dicho varias veces que la denuncia en su contra es un intento de “golpe de estado” orquestado por la fiscalía general y el Congreso.

Algunos legisladores quieren lanzar un tercer intento de destitución, pero han reconocido que no tienen los votos necesarios. Otros, sin embargo, creen que la denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de Castillo con menos votos en el Congreso, controlado por la oposición, que una votación formal de destitución o vacancia.

Casi todos los presidentes de Perú se han visto involucrados en acusaciones de corrupción en las últimas tres décadas. Cuatro ex mandatarios están encarcelados, en arresto domiciliario o enfrentando un proceso con una posible condena a prisión.