Guanajuato, Gto. El Congreso de Guanajuato solicitó al gobierno panista del municipio de León un informe sobre las acciones que aplica la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana para salvaguardar la integridad de las menores de edad y las acciones reparatorias a favor de la niña Dulce Melissa Mendoza Ramírez, detenida por la policía, que tras dejarla en libertad desapareció por dos meses; el arresto ocurrió el 16 de octubre de 2021 y la localizaron en diciembre de ese año.

Dulce, de entonces 12 años fue aprehendida junto con otra menor cuando se dirigían a una tienda la noche de ese 16 de octubre, en la colonia Cumbres de la Gloria, en León.

“Desde ese momento el proceso estuvo lleno de errores y omisiones por parte de las autoridades, atentando así contra el interés superior de la niñez y cometiendo una grave violación a sus derechos humanos”, refiere el dictamen del punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso estatal y aprobado por el pleno.

El documento recuerda que el Colectivo Madres Guerreras de León apoyó a Reyna Josefina Ramírez Briseño para buscar a su hija de 12 años de edad, que desapareció cuando salió de los separos de la Central de Policía (Cepol).

La Policía de León amenazó a Dulce cuando la arrestaron, no notificaron de la situación a la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permitió que adultos —que no eran sus familiares— se la llevaran y no actuó de inmediato cuando la mamá denunció la ausencia, señaló la Comisión de Derechos Humanos.

El gobierno de ese municipio actuó dos meses después de su desaparición cuando el caso fue denunciado en medios de comunicación y “porque ya les era imposible seguirlo ignorando”, resalta el dictamen aprobado por el pleno del Congreso local.

“El que la Policía haya dejado salir a Dulce sin notificarle a la familia sobre su estado o destino, además de haberla puesto en riesgo, también viola lo establecido en los protocolos en la materia y que se encuentran amparados por la Constitución y Tratados Internacionales”, resalta el informe.

El punto de acuerdo para exhortar al gobierno de León es un mensaje para que los 46 ayuntamientos sepan que el Congreso está vigilando que no cometan abusos policiales, en especial contra las mujeres y menores de edad, resaltó la legisladora priísta Yulma Rocha Aguilar.