La corrupción es un fenómeno que afecta a toda la población. A fin de combatirla, el gobierno federal ha emprendido acciones dirigidas al sector público e involucrado al sector privado. Uno de los aspectos que poco se ha estudiado es cuando la corrupción trastoca al derecho, lo que puede ocurrir a través de la formación y aplicación de las actuaciones judiciales como la jurisprudencia y las sentencias, entre otros.

Un ejemplo de cómo el derecho, a través de los precedentes, se ha convertido en un aparente aliado de la corrupción es la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 73/2013 en materia administrativa, cuyo contenido, conocido como “litis abierta”, hace referencia a la preclusión del derecho de los contribuyentes para aportar pruebas que no fueron exhibidas en la etapa fiscalizadora, impidiéndoles toda posibilidad de aportarlas en el juicio contencioso administrativo, a pesar de que con éstas se acredite que el contribuyente tiene la razón, lo que sin duda le priva del derecho de ser oído y vencido en el juicio, del derecho de audiencia, tutela judicial efectiva y formalidades esenciales del procedimiento, todos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La jurisprudencia pasa por alto los derechos fundamentales de los contribuyentes. Si bien su aplicación es obligatoria, cuando se resuelve con base en tal jurisprudencia los operadores jurídicos avalan vedar el derecho de defensa.

Hay criterios judiciales cuya aplicación convierte a los juzgadores en aliados de la falta de defensa. Si la parte empresarial no acude ante las instancias internacionales es por la imposibilidad de esperar años a que se resuelvan. Hacerlo sería tanto como condenar al cierre a las unidades generadoras de empleos y riqueza legal. No importa qué tan buenos sean sus abogados, no hay empresa que resista años con las cuentas congeladas o los activos improductivos. En todo caso, deben ser denunciados tales criterios. Sin duda, hay legisladores atentos a tales fenómenos jurídicos que quitan eficacia a los programas oficiales que buscan reactivar la economía y combatir la corrupción. Cambiar la ley puede tener un efecto positivo general y acabar con la limitación del derecho de defensa que corrompe el debido proceso.