El Estado mexicano tardó 21 años en reconocer que le falló a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa al no poder “garantizar su seguridad e integridad personal” ni su derecho a la justicia “por las fallas en la investigación de su caso”.

En aquel momento, 2001, recién asumida la Presidencia por Vicente Fox y el gobierno del entonces Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, las autoridades investigadoras determinaron que la abogada veracruzana no fue asesinada, sino que había muerto por un “suicidio simulado”, resolución que los gobiernos capitalinos posteriores ratificaron en tres ocasiones.

Ayer por la mañana, en Los Pinos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que, en el punto relativo a la reparación del daño, ordena al Estado presentar una disculpa pública a la familia de la defensora, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho el 19 de octubre de 2001.

Jesús Ochoa, hermano mayor de una vasta familia (seis hermanos, cinco hermanas y media docena de sobrinos presentes en primera fila), aceptó las disculpas públicas del gobierno y expresó lo que para todos los Ochoa y Plácido de Misantla representó este acto: “Significa que lo que dijimos hace 21 años y sostuvimos, a pesar de las burlas y las humillaciones de las que fuimos objeto, era cierto. Teníamos razón. A nuestra hermana la asesinaron”.

Tras un procedimiento que duró casi una década ante el sistema de justicia interamericano, la Corte resolvió en noviembre del año pasado que el gobierno debía reabrir la investigación “a fin buscar la verdad, esclarecer los hechos, identificar y en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio”.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en su turno ante el micrófono, informó que desde el momento en que se conoció la sentencia de la Coridh la dependencia reabrió el expediente y reanudó la averiguación con una unidad especializada, que trabajará con un enfoque de perspectiva de género y en acuerdo estrecho y constante con la familia Ochoa.

También hablaron en ese acto los abogados defensores Karla Micheel Salas y David Peña, quienes tomaron el caso hace 12 años. Ella se dirigió a la fiscal capitalina: “Hoy tienes la posibilidad de materializar esa justicia. Sabemos que no es un reto sencillo, pero ahora ustedes pueden marcar la diferencia. Mantengan la llama de la esperanza encendida”.

David Peña habló de la larga lucha para llegar a este punto y de cómo en el pasado muchos escucharon “los cantos de sirena de un gobierno de izquierda que enlodó la memoria de Digna”.

Analizó el impacto negativo que tuvo la versión oficial, con una “verdad tergiversada”, que dividió al movimiento de derechos humanos. Hizo un llamado a los activistas que antes “se burlaron de nosotros y humillaron a la familia”, a entender este momento como un fin de ciclo, “con el reconocimiento del Estado de un asesinato como una oportunidad de desagravio y el inicio de una nueva época”. Los instó: “Acompáñennos, aprópiense ustedes también de esta sentencia”.

No mencionó nombres, pero en la mente de muchos apareció el recuerdo del ex procurador Bernardo Bátiz y su mano derecha Renato Sales Heredia, hoy procurador en Campeche, de su asesor Enrique Flota, de la fiscal especial Margarita Guerra y también a integrantes en aquellos años del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que en su momento se plegaron a la versión del suicidio simulado, sumándose a la oleada de desprestigio contra quien fue jefa de su área jurídica.

Como parte de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Coridh, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir de hoy, los responsables de la nomenclatura de la ciudad cambian el nombre de una calle, antes doctor Gabriel Hernández, a calle Digna Ochoa. Es un tramo, entre doctor Lavista y Río de la Loza, en la colonia Doctores, que corre a un costado de la antigua PGJDF, una acera donde Jesús, sus hermanos y sus abogados tuvieron que esperar interminables horas, incontables días, mes tras mes, dos décadas, para lograr una justicia que, hasta ahora, no ha llegado.

El momento más emotivo ocurrió cuando Jesús recordó la niñez en pobreza de los niños Ochoa, hijos de Irene, ya fallecida, y don Eusebio, albañil, cañero, luchador sindical que también sufrió violencia y represión. Trece hijos que fueron a la escuela “con ropa regalada, pero siempre limpios” y que, muchas veces, antes de acabar el día ya habían salido a trabajar y vender algo para ayudar al sustento. Nueve lograron hacer una carrera profesional. Digna, asesinada a los 37 años (hoy tendría 58), fue la primera, licenciada en derecho por la Universidad de Veracruz.

“Manita, negrita, no vamos a parar hasta encontrar justicia”, prometió el hermano mayor a la defensora cuando yacía en su féretro, “muy pálida y los orificios de la nariz taponados con algodón”, recordó ayer Jesús que le prometió a Digna en una funeraria de la ciudad de México. Y la promesa –dijo– sigue en pie.

Entre los agravios que sufrió la familia, Ochoa recordó la forma despectiva con que su primera abogada, Bárbara Zamora, dejó la defensa sin dar explicación. Y la revictimización que sufrieron cuando, por orden judicial, el cuerpo de Digna fue exhumado para una segunda necropsia. Al final, la PGJDF volvió a determinar “suicidio”.

Algo más: la humillación que sintió la familia cuando el investigador de la PGJDF Renato Sales alteró la escena del crimen, se llevó los muebles del despacho a su oficina y escenificó ante los medios, como si fuera un set, la escena del suicidio. “La parte más ruin y cobarde, cuando insultaron y enlodaron la memoria de mi hermana” con la resolución final de la fiscalía especializada de entonces, de considerar a Digna capaz de suicidarse por sufrir trastornos mentales y descalificar la importancia de su trabajo como defensora de primera línea.

En la declaración solemne del reconocimiento y la disculpa pública de Encinas a la familia, el subsecretario también reivindicó su memoria y su historia. Agregó que, para cumplir integralmente la sentencia, Gobernación impulsa la creación de un marco legal para fortalecer una política de protección “y garantizar el derecho a libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos”.

Godoy fue elocuente al dignificar, valga la redundancia, a Digna. “Dedicó su profesión, su espíritu y su alegría a la defensa de los vulnerables que participaban en causas justas: estudiantes, ambientalistas, activistas sociales”. No lo dijo, pero quedó flotando: también defendió a los más estigmatizados de los movimientos sociales, a quienes optaron por la vía de las armas, como los zapatistas.

Finalmente, recordó que muchos de los servidores públicos “que hoy estamos en el gobierno federal y en muchos gobiernos locales venimos de esas mismas visiones, esos mismos principios”.

El acto solemne se realizó en el salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos ante decenas de representantes de colectivos nacionales e internacionales y de litigantes, peritos, activistas y comunicadores que, de una u otra forma, fueron testigos de aquella otra “mentira histórica” que ayer terminó de desplomarse.

Al final, quedó resonando lo dicho por Jesús Ochoa y Plácido: “Digna Ochoa no está muerta. Está más viva que nunca y exige justicia”.