Los jefes militares operativos fueron silenciados.

En la mañana, en Ciudad Victoria, para no dar el micrófono al militar aludido, el propio Presidente de la República enfrentó preguntas periodísticas dirigidas al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, quien más tarde, en el Senado, mantuvo similar mutismo junto al almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, convidados de piedra ambos al desahogo legislativo a conveniencia de una comparecencia en que la única voz del gabinete de seguridad fue Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ambos hechos (el Presidente poniendo el pecho declarativo ante reporteros para resguardar al titular de Sedena y la absurda mordaza que se colocaron el general y el almirante en una cámara legislativa), más la postura desdeñosa y elusiva del Presidente de la República ante preguntas relacionadas con Guacamaya, forman parte de una estrategia gubernamental de control de daños que parecería encaminada a ser inoperante.

No exuda sensatez pretender el freno o la extinción de exigencias periodísticas de información relacionadas con lo que evidentemente “es nota”. Las filtraciones de Guacamaya seguirán produciendo material, pues el volumen del hackeo es enorme. Tanto el Presidente de la República como sus secretarios militares, y otros funcionarios involucrados en esas filtraciones, podrán mantenerse en una postura de permanente desatención, pero ello irá en su contra, pues al callar estarán otorgando un grado de viabilidad a la metralla mediática, política y electoral que desean evitar.

Otro punto delicado es el referente a las formas políticas (que son fondo) utilizadas para tratar de salvar estos primeros episodios de afectación de lo militar a partir de las revelaciones cibernéticas. Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido un posicionamiento respecto a lo sucedido, sus causas (particularmente, los responsables), las medidas preventivas y de castigo que se hubieran tomado y la magnitud del daño institucional previsible.

En Chile, único país donde ha habido otro hackeo importante de Guacamaya a fuerzas armadas (aunque de una proporción notablemente menor en comparación con México), la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende (bióloga y médica veterinaria, nieta del ex presidente derrocado Salvador Allende, ex diputada y ex presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados https://bit.ly/3eGRjez), al saber del hackeo interrumpió un viaje en que acompañaba al presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas, compareció ante el Congreso y, en un contexto de castigo, se produjo la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Mantener en México a las fuerzas armadas sustraídas del necesario escrutinio civil es un signo preocupante, sobre todo si se recuerda que de manera muy apretada se prorrogó por cuatro años el dominio militar sobre la Guardia Nacional, con la oferta de revisiones y supervisiones del Congreso, de los civiles, sobre esa rama militarizada.

En otro tema: el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sigue aumentando velocidad a su campaña por la postulación morenista a la Presidencia de la República (lo que no se sabe es en esas ausencias quién se encarga, y con cuánta eficacia, de despachar los asuntos propios de Bucareli, tan exigentes, tan demandantes de oficio político concertador).

Continúa Adán Augusto en una gira sin más sentido que darle exposición personal, pues los congresos estatales morenistas pueden aprobar en un día y sin mayor discusión el cierre del ciclo legislativo pro Guardia Nacional Militar. Ayer, en Villahermosa, fue un acto festivo de virtual campaña.

Además, se ha aplicado a confrontar a gobernadores (Alfaro, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León) correspondientes a Movimiento Ciudadano, partido que no votó en el Congreso federal a favor de la militarización guardiana antes mencionada. ¡Hasta mañana!

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