Cuernavaca, Mor., Un cuerpo y una bolsa con restos de al menos cinco personas habían sido exhumados hasta ayer de la fosa común del panteón de Jojutla, donde trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) los enterraron de manera ilegal en 2017, dio a conocer Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Morales Rodríguez, estudiante universitaria desaparecida desde 2012.

Los restos humanos localizados entre lunes y martes pasados en el cementerio Pedro Amaro, donde fueron sepultados 85 cadáveres sin identificar en el sexenio del perredista Graco Ramírez (2012-2018), tampoco tenían dato alguno para reconocerlos.

“No tienen número de carpeta de investigación, si es que abrieran una por los homicidios; las bolsas con fragmentos no cuentan con datos, como el día que las encontraron o cuándo los sepultaron en Jojutla”, señaló Rodríguez.

Los trabajos de exhumación se reanudaron la mañana del lunes después de cinco años de estar suspendidos, debido a que en esa área había cinco tumbas particulares. En ese entonces el ayuntamiento y la FGE se comprometieron a reubicar esos restos a fin de continuar con la búsqueda de entierros ilegales.

Por presiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en una visita a Morelos en noviembre de 2021, de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda y de colectivos, un juez ordenó a la fiscalía de Morelos reabrir la fosa.

Angélica Rodríguez recordó que cuando comenzaron las exhumaciones, integrantes de las organizaciones de familiares de desaparecidos exigieron a la FGE y a su homóloga federal mostrar el plan de trabajo con el propósito de que no las vuelvan a suspender.

En dicha fosa irregular, recordaron las madres de ausentes, se pretendía encontrar 35 cuerpos enterrados de forma ilegal en 2017; sin embargo, a la fecha han descubierto 85 en dos etapas.

Acusaron que los cuerpos “los basurizaron”, pues sólo los metieron como basura, porque nada los identifica. El primer caso de fosas clandestinas “oficiales” se descubrió en Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde inhumaron cadáveres sin realizarles la necropsia de ley; algunos incluso tenían huellas de tortura o el tiro de gracia.

El caso más emblemático fue el de Oliver Navarrete Hernández, cuyo cuerpo estuvo ocho meses y 12 días enterrado junto con 117 cadáveres sin reclamar en Tetelcingo, a pesar de que lo identificaron sus familiares, quienes lograron su exhumación en diciembre de 2014.