Pachuca, Hgo., Seis pobladores de la comunidad indígena de Ixcotla, municipio de Molango, detenidos con exceso de violencia la mañana del sábado pasado durante un operativo policiaco con el cual se desbloqueó una carretera vecinal que conduce a los accesos a una mina de la empresa Autlán –propiedad de Juan Antonio Rivero Larrea–, fueron liberados la tarde de ayer por orden de Karina Vértiz, juez de control de Pachuca.

La juzgadora aceptó suspender por un año la vinculación a proceso impuesta a los acusados de ultrajes a la autoridad, así como ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte, a cambio de una disculpa pública y trabajo comunitario, entre otras medidas.

Hugo Orlando García, Antonio Díaz, Arturo García, María Aleyda García, Reyna Vázquez y Federico Vázquez rechazaron las imputaciones en su contra. Explicaron que el campamento que colocaron rumbo al venero estaba a un lado de la carretera y que los inconformes con las operaciones de la mina únicamente impedían el paso a camiones de Autlán.

En cuanto a los ultrajes a la autoridad que se les atribuyeron, explicaron que no hicieron más que oponerse a ser arrestados.

El conflicto en el poblado de Ixcotla, cuyos habitantes se oponen a los trabajos de Autlán, es resultado de que, según los lugareños, el consorcio ha causado daños a viviendas con sus trabajos para obtener manganeso, y sobre todo, a que la empresa financió a la comunidad de Naopa la compra de un terreno perteneciente a Ixcotla, donde hay manantiales que abastecen de agua a la segunda localidad.

Les imponen indemnización y tratamiento sicológico

La juez Karina Vértiz accedió a una propuesta de la defensa de los aprehendidos y suspendió la vinculación a proceso por un año a cambio de que los acusados residan en los domicilios que proporcionaron, dejen de frecuentar el lugar de los hechos y a las víctimas indirectas, presten servicio social a favor del ayuntamiento de Molango y se sometan a tratamiento sicológico en una institución pública.

Además, se les ordenó someterse a la vigilancia de la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, no poseer ni portar armas, así como ofrecer una disculpa pública y garantizar la no repetición de la conducta por la cual se les arrestó. De la misma forma, deberán pagar los gastos que acrediten las víctimas indirectas.

En la resolución de Vértiz se advierte que la suspensión condicional del proceso penal quedará sin efecto en el momento en que las personas imputadas transgredan las restricciones impuestas.

Así, los seis detenidos quedaron en libertad ayer alrededor de las 18 horas. Para evitar a los medios de comunicación, no salieron por los accesos del juzgado de control, sino por las puertas del Centro de Reinserción Social, a unos 150 metros.

Los manifestantes fueron ingresados al penal de Pachuca la noche del lunes y la mañana del martes se les presentó ante la juez.

En tanto, el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz AC expresó su preocupación “por la violación a las garantías fundamentales durante la detención arbitraria y sin fundamento” de los seis aprehendidos.

Igualmente, responsabilizó “al gobierno de Hidalgo y a la policía estatal por abuso de poder y violación a los derechos humanos de la población de Ixcotla”, y exigió castigo a Autlán “por las afectaciones ambientales, de salud y sociales que por años ha causado”.