Santiago. Se cumplieron tres años del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile y el presidente Gabriel Boric hizo de la fecha ocasión para reivindicar el alzamiento popular en demanda de transformaciones estructurales, pero condenando los numerosos actos de violencia que lo acompañaron, incluida la destemplada represión policial, al tiempo que pidió a la oposición avanzar urgentemente en las reformas que ataquen las graves carencias que lo provocaron.

“Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo, que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos. Se manifestaron para que ni el tamaño de la billetera ni el lugar de nacimiento fueran condición para acceder a una vida segura, a una salud digna, a una educación de calidad y por la necesidad de contar con pensiones que garanticen jubilaciones dignas tras una vida de esfuerzo”, señaló desde la sede del gobierno.

“El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas”, afirmó, agregando que “expresó y trajo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas”, comprometiéndose a que “no vamos a permitir que sea en vano”.

Hubo, añadió, muchas advertencias del malestar ciudadano, pero la política fue incapaz por años de acordar soluciones al punto que “todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales en salud, pensiones, educación, cuidado de la infancia, la paz y la demanda de dignidad”.

Reivindicó las reformas estructurales que plantea su programa de gobierno, pero admitió que están bloqueadas al ser minoría legislativa y porque no hay acuerdo en el mundo político.

Crítica a la violencia social y policial

El presidente hizo significativas reflexiones en torno a la violencia que acarreó el estallido, a la brutalidad con que respondió el gobierno de Sebastián Piñera, con gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía durante la represión de las protestas, causando decenas de muertes, centenares de heridos, mutilados y abusos sexuales.

“Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen: no sólo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial, cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables, porque no son representativas de la labor diaria que más de 60 mil carabineros realizan día a día”, afirmó.

También señaló que desde la protesta hubo “conductas violentas destructivas”, que actuaron “contra las propias causas del estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio y el patrimonio, abriéndole paso a acciones que son delictuales”.

Planteó que “desde la izquierda debemos ser más categóricos que nadie en poner un dique a esas conductas, en enfrentarlas sin complejos, denunciarlas y castigarlas. La protesta social no puede ser sinónimo de violencia, no puede cobijarla ni justificarla, porque va en contra de sus principios y sus propósitos, y en contra de su vocación de mayoría para cambiar la realidad”.

El día transcurrió con pequeñas movilizaciones en algunas ciudades, algunas acompañadas de incidentes, con 25 mil carabineros desplegados en las calles, las cuales a media tarde comenzaron a vaciarse pues las oficinas públicas, privadas y el comercio cerraron sus puertas; en tanto, el transporte público se retiró antes del anochecer. A medida que caía la noche, en sectores populares se encendían fogatas y se bloqueaban avenidas.