Santiago. A tres años exactos de la furibunda crisis social y política detonada en Chile el 18 de octubre de 2019 (18-O), fue ésta la que abrió la ruta constituyente y también su único resultado tangible, pero trocó cual ácido sarcasmo en fracaso cuando el 4 de septiembre la propuesta de Carta Fundamental fue rechazada por 62 por ciento de la ciudadanía.

Desde entonces la centroizquierda y sectores de la derecha se enfrascaron en una entrampada negociación; la semana pasada trascendieron 12 “principios constitucionales” que serían el marco dentro del cual actuaría la hipotética nueva Convención.

“La derecha dejará pasar octubre por razones obvias, viene el 18-O cuando más sensación hay de imposibilidad de cambiar las cosas, habrá manifestaciones y seguramente violencia, ojalá no tanta como para echar abajo el acuerdo. Los negociadores no quieren decir que están cerca, se dan dos pasos adelante y uno atrás, pero hasta que no se firme la última letra no hay nada”, dice en conversación con La Jornada el abogado constitucionalista Javier Couso.

Las tratativas para revivir el proceso se concentran en cuatro ejes: el órgano que debiera redactar el texto; los bordes que limitarán lo que éste elabore; la solución de controversias que garantice que los principios se respeten, y el papel de los “expertos” que exige la derecha.

“Las primeras dos semanas tras el plebiscito, la derecha estuvo muy tentada a frenar todo y bastante lejana la posibilidad de retomarlo. Ahora la derecha negocia con el “tejo pasado” (pretender o exigir más de lo posible), quiso que los límites o cosas que el ente constituyente no pueda tocar sean más de lo razonable, buscando básicamente reponer el principio de subsidiariedad”, explica.

Respecto de las bases, dice que “no hay nada particularmente oprobioso o complicado, nada inaceptable, dan la posibilidad de que el ente sea enteramente democrático, porque estaba la idea de combinar entre un grupo elegido democráticamente y expertos designados por el Congreso”.

–La plurinacionalidad quedó fuera, ¿qué complejidad acarrea?

–En la Constitución de Pinochet no hay una sola línea, una palabra acerca de los pueblos originarios. Estas bases hablan de reconocimiento y respeto dentro de una sola nación chilena. Queda fuera el plurinacionalismo pero incluye buena parte de los derechos, incluso los del artículo 169 de la OIT. Comparado con el proyecto anterior es mucho menos, pero desde lo que hay pasar a derechos lingüísticos, de consulta y a no ser asimilados, es un salto cuántico.

–Respecto del órgano redactor se conoce nada o poco.

–Mientras más acotado sea el ámbito de lo que puede hacer el ente, menos dramático el debate sobre quién va a redactar la Constitución”. La Convención va a operar con la “espada de Damocles” de otro plebiscito de salida con voto obligatorio y sería un fracaso si no existe un grupo transversal llamando a votar Apruebo, se corre el riesgo de una derrota definitiva. Y como la derecha es la menos interesada, no importa demasiado la composición exacta del órgano, porque la pregunta central es cuánta voluntad real de hacer una nueva Constitución existe. La derecha tiene que convencerse que es muy difícil defender un órgano que no esté totalmente elegido.

–¿Los principios limitan significativamente el ámbito de la futura Convención?

–El límite real para una nueva Convención es otra derrota. Entiendo que pueda haber dudas, pero esta es una negociación en la que participan desde el Partido Comunista hasta (la derechista) UDI y eso es una garantía; y si se llega a tener un órgano enteramente elegido, es un éxito como negociación.

–¿Y el papel de los expertos?

–Eso fue una reacción visceral de rechazo a lo que fue la Convención y una apuesta totalmente tecnocrática, pero conforme decantan los acuerdos tiene menor fuerza que deba haber expertos incidiendo o tomando decisiones políticas. La idea de que son neutrales políticamente es absolutamente absurda, obviamente todos los constitucionalistas tienen ideología política; entonces, que expertos redacten es absurdo.