La Corte Suprema de Chile no ha notificado formalmente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México los motivos para negar la extradición del ex jefe delegacional de Coyoacán Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito por un presuntamente inexplicable incremento en su patrimonio.
Una vez que se tenga el documento, se analizarán las acciones que pudieran emprenderse para que el ex también diputado federal por el Partido del Trabajo sea repatriado y enfrente las acusaciones en su contra, informaron fuentes de la administración capitalina.
La sentencia de primera instancia, que en diciembre pasado concedió su repatriación, fue anulada al no cumplirse el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse el ilícito en que incurrió con una pena de multa y no con un año de reclusión.
Dicha pena sería la mínima para concederla, como establece el artículo primero del tratado en la materia entre Chile y México.
La resolución señala que “constituye un principio general del derecho internacionall que la extradición sólo procede por delitos de gravedad y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”.
El 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos inició una indagatoria en contra de Toledo en la que se acreditó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, el cual no es acorde con los ingresos legalmente manifestados.
Tras el análisis de las declaraciones patrimoniales que presentó desde 2006 y de información registral y notarial proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se le relaciona con tres propiedades valuadas en 34 millones 560 mil 149 pesos, y se detectó que no declaró 11 millones 419 mil 987 pesos.
Ante ello, la FGJ inició una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y solicitó su desafuero, el cual le fue retirado en agosto del año pasado. Sin embargo, viajó a Chile ese mes para evitar su detención.
