El pasado lunes sostuve que la deforestación de la Amazonia debía ser atendida a escala internacional, a fin de garantizar la existencia del pulmón verde del planeta y elemento clave para evitar el aumento de la temperatura global. Luiz Inácio Lula da Silva en 2008, cuando era presidente de Brasil, propuso recaudar en una década 15 millones de dólares para un fondo destinado a poner freno a la destrucción de la Amazonia. Con ese dinero se reforzaría el sistema de vigilancia y control de la tala ilegal y otros ecosistemas de países tropicales. Y se crearían alternativas sostenibles para los ganaderos y agricultores.
La iniciativa se olvidó al dejar Lula la presidencia y ahora resurge con una perspectiva mucho más allá que un fondo ante el grave deterioro que ese tesoro de biodiversidad y cultura también sufre en la parte que le corresponde a Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana. En Perú las bandas criminales talan extensas áreas; hay una minería fuera del control del Estado y muy contaminante; el tráfico de vida silvestre y de armas; el narcotráfico, la trata de personas. Todas ellas cuentan con la protección de las autoridades. Y en Colombia las investigaciones de varios especialistas destacan, además de los factores anteriores, otros cuatro: 1) las redes criminales y personas con grandes recursos económicos que financian y coordinan los delitos ambientales; 2) los grupos armados que trabajan con las redes criminales e impulsan la deforestación; 3) la mano de obra, a la que se le paga poco para el corte o quema de árboles, y 4) autoridades estatales corruptas o empresas legalmente registradas, que facilitan el crimen ambiental.
Son temas que los líderes de los pueblos originarios de la Gran Amazonia han denunciado en diversas ocasiones, pero ignoradas por las entidades gubernamentales, que patrocinan políticas contrarias a la conservación de los recursos naturales. Con razón Angela Kaxuyana, lideresa de la Coordinadora de las Organizaciones de Indígenas de la Amazonia Brasileña, advierte que los gobiernos de la región “no son amigos de los pueblos indígenas, cuando es necesario que se les respete como seres humanos”. Y que en Brasil, lo mínimo que esperan es que “el Estado cumpla con su papel y su obligación de finalizar el proceso de demarcación de sus territorios, de las tierras en disputa que han traído una ola de despojo, violencia y amenazas”.
Hace medio siglo, el pueblo de Kaxuyana tuvo que abandonar sus tierras y pasaron muchos años para poder regresar. Ahora luchan por conseguir la demarcación de su territorio. Cuando el proceso estaba en marcha, el actual presidente, Jair Bolsonaro, paralizó las entregas de territorios indígenas. Por eso considera que la relección de éste ultraconservador sería fatal. Igual piensa Davi Kopenawa, chamán y portavoz del pueblo Yanomami, multirreconocido por la defensa de la Amazonia y los pueblos originarios que la habitan. Cuando lo conocí hace 40 años me dijo: “lo único que buscamos es que se respeten nuestros derechos territoriales y nos dejen tranquilos… el blanco, que no conoce nada del bosque, piensa que nosotros no sabemos hablar ni conocemos el futuro. Y está equivocado… quiere imponernos su forma de vida, pero la del blanco es de exterminio”. No exageraba Kopenawa.
En efecto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva años denunciando la sistemática violación a los derechos humanos y el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Este siglo más de 50 líderes asesinados en ese país. Otro dato: los últimos seis años, 65 en la Amazonia de Brasil, Ecuador y Perú.
En su campaña electoral Lula da Silva ha prometido prohibir la minería y la construcción de hidroeléctricas en tierras indígenas, reducir al máximo la deforestación en la Amazonia y demarcar definitivamente los territorios de los pueblos originales, a fin de terminar con el despojo de que son víctimas. Pero esas promesas no bastan. Hace falta la acción coordinada de los países que conforman la Gran Amazonia y de la comunidad internacional de naciones en pro de conservarla junto con los pueblos originarios.
