Una “laguna” en la legislación de Morelos desató la disputa por una curul del Congreso local. Después del jaloneo jurídico, la ganadora fue Gabriela Marín Sánchez, quien fue asesinada a mansalva el pasado 5 de octubre, apenas unos días después de haber sido ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Regional Ciudad de México.
La fiscalía estatal no descarta el móvil político y el gobernador declaró que podría estar inmiscuido “el tema del narcotráfico”.
Lo cierto es que el caso es un entramado no sólo de amigos y adversarios, sino también de parientes.
En cuanto al asesinato, 10 días después no hay avances sustanciales, apenas un sospechoso detenido: un carpintero que podría haber alterado la escena del crimen.
La historia comenzó hace medio año, el 17 de abril, con el fallecimiento del diputado Juan José Vásquez Yáñez, de Morelos Progresa, quien no tenía suplente registrado.
Eso significó una “laguna jurídica” porque Morelos no tiene una reglamentación de qué hacer ante el fallecimiento de un diputado sin suplente y elegido por la vía de representación proporcional.
Por un lado, el Congreso tomó la decisión de nombrar a Roberto Carlos Yáñez Moreno, con el argumento de que era el siguiente varón en la lista, del mismo partido del diputado fallecido.
El Tribunal Electoral de Morelos resolvió acogerse a la regla federal: el escaño debía ser designado a la fórmula de candidatos que seguía en el orden del mismo partido.
Por tanto, la “suerte” le tocó a Gabriela Marín, quien además se inscribió en la contienda como mujer indígena.
Impugnación
Ante ello, cuatro personas impugnaron ante el TEPJF, cuya resolución, del 23 de septiembre pasado, declaró infundados y/o inoperantes todos los agravios.
Michelle González Ontiveros, del partido Movimiento Alternativa Social, argumentó que Gabriela Marín no comprobó ser indígena; Ana Bertha Haro Sánchez dijo que el tribunal morelense no tomó en cuenta que otros partidos no tuvieron representación en el Congreso, pese haber alcanzado el umbral de 3 por ciento de la votación.
A su vez, Yáñez Moreno alegó que un acuerdo parlamentario no puede ser revocado por tribunales electorales, además de que dijo representar al grupo LGBT+.
El enredo tiene, entre otros, las siguientes aristas: el tío de Roberto Yáñez Moreno era el diputado difunto; a su vez, Gabriela era cuñada del fundador del partido de ambos, José Manuel Tablas Pimentel. Por si algo faltara, la esposa de Roberto es la suplente de Gabriela.
El cuarto demandante, Luis Sergio Hernández Coronado, también dudó de la calidad indígena de Marín y de la representación alegada por Yáñez, quien antes se ostentó como indígena, con lo cual “demuestra su pretensión de alcanzar el poder por el poder”, se lee en la impugnación.
Al final, los magistrados de la Sala Regional del TEPJF avalaron el criterio de los jueces del Tribunal Electoral de Morelos. Los resolutivos de la Sala Regional pueden ser impugnados todavía ante la Sala Superior del TEPJF
La fiscalía estatal ha dicho que ya entrevistó a 12 actores políticos, entre estos a los hermanos Roberto y Julio Yáñez, para dilucidar si la “pugna por la curul” detonó en el homicidio.
“Hay una conflagración de intereses políticos, pudieran ser hasta económicos, de grupos políticos”, declaró el fiscal morelense, Uriel Carmona.
En esa vorágine de hipótesis, el gobernador Cuauhtémoc Blanco señaló que la ejecución “no sabemos si es un tema político o si es un tema del narcotráfico”.
