El poblano Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena y, en tal condición, virtual jefe político de San Lázaro, ha anunciado que esta semana iniciará el proceso en busca de aprobar una reforma electoral.

La resolución del enigma global estará del lado de las bancadas priístas: Morena y sus aliados constantes tienen mayoría simple, suficiente para aprobar modificaciones no en la Constitución, sino en las normas reglamentarias.

Pero lo sustancial, lo que implique reformas constitucionales, necesitará mayoría calificada (dos terceras partes de los votos emitidos), que el morenismo y sus anexos no reúnen, pero ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció en días pasados que se trabó un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional que va más allá del punto de la Guardia Nacional y la continuidad militar en ella.

Ante los diputados de los partidos Verde, del Trabajo y Morena, el otro López tabasqueño “reveló”: “vamos y ese es un compromiso, aquí se los digo, vamos a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica, intentar construir una verdadera reforma electoral”. Pillado por tal infidencia, Alito Moreno la negó, aunque dejó abierta la puerta: “estaremos trabajando en el Congreso para fortalecer siempre las instituciones de democracia participativa”, dijo.

La iniciativa presidencial, que fue redactada por Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y Horacio Duarte, quien entonces era director de Aduanas, tiene entre sus objetivos una modificación del esquema tradicional del instituto electoral, antes IFE y ahora INE, y del Tribunal Electoral federal. No sólo en cuanto a reducción de presupuestos sino, sobre todo, la eliminación de las cuotas partidistas como método para integrar el instituto y el tribunal. Se proponen elecciones por voto popular de consejeros y magistrados electorales como fórmula para erradicar los tradicionales repartos partidistas.

A reserva de detallar en otra entrega algunos de los puntos centrales de esta propuesta de “ciudadanización” electoral, vale reiterar lo que en esta columna se ha planteado: una verdadera reforma debe frenar el efecto corruptor del dinero en los procesos partidistas y electorales y, además, abrir cauces realmente viables a las candidaturas ciudadanas para no depender de los aparatos partidistas.

El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, canceló la reunión que iba a sostener con la correspondiente comisión de diputados federales y la dejó en blanco, para una fecha indefinida, según informó Sergio Barrera, integrante de esa comisión a nombre de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores habían pretendido que el general hablara sobre las filtraciones englobadas en el término Guacamaya, la falta de seguridad cibernética en los archivos de la Sedena, la fijación de responsabilidades y castigos (en Chile, tuvo que renunciar el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas por una filtración menor a la habida en México) y los riesgos que implica esta difusión de material delicado.

El general Sandoval no aceptó ir a un recinto legislativo y, más bien, citó a los diputados para este martes en instalaciones castrenses. La posposición de este encuentro, para una fecha indeterminada, no abona a la percepción de que los jefes militares vayan a estar bajo supervisión civil en temas relevantes para la sociedad.

Aunque lo ejerzan las fuerzas armadas, el presupuesto que tienen, sus fallas y errores, así como las decisiones que se hayan tomado o no se vayan a tomar en temas socialmente relevantes deberían estar bajo escrutinio civil. En estos temas y, desde luego, en el de la Guardia Nacional. Pero…

Y, mientras la FGR anuncia que tiene carpetas de investigación sobre la compra, en el peñismo, del sistema Pegasus y su correspondiente uso espía, ¡hasta mañana!

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