“Amigo mío, sé que cada día te sientes peor, pero también sé que cuando quieras terminar me lo harás saber para que podamos ayudarte a que tu final no tenga una dolorosa e innecesaria agonía”, le oí decir a una señora abrazada a su perro de 12 años, afectado por dos tumores en el cuello tras una invasiva cirugía previa. Cuántas legiones de seres humanos en etapa terminal, pensé, no querrían correr esta suerte de perro o contar con una mano amiga que mitigara de una vez su dolorosa, innecesaria y costosa agonía.
Pero el animalismo, con un pensamiento de restringida coherencia, prefiere detenerse en este punto y a la hora de conformar los “derechos” de los animales con los degradados derechos humanos guarda silencio, pues hoy los urgidos de justicia son los irracionales y que los pretendidamente racionales sigan rascándose con sus propias uñas o con las de la industria de la salud, en ilimitado ascenso desde que comenzó el más o menos letal virus de covid-19, ya que 14 mil millones de dosis, aplicadas hasta ahora en una población mundial de 8 mil millones de personas, alguien primero las produjo, vendió y cobró por ellas, aunque sean gratuitas para la mayoría.
Pero las diferencias que hace la legalidad del derecho a una muerte digna en animales y en racionales es reforzada por legislaciones condicionadas por creencias y no sostenidas en un humanismo de amplio espectro. Ya va para 15 años que fue expedida la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, en pleno calderonato, es decir, con un fuerte tufo confesional que la Asamblea Legislativa y el gobierno capitalino de entonces no tuvieron inconveniente en suscribir. Además de poco observada, se trata de una ley prácticamente desconocida por la ciudadanía. Si agregamos que en ella se estipula que el Documento de Voluntad Anticipada debe ser suscrito ante notario público, que no pocos de éstos, invocando la objeción de conciencia, se niegan a prestar este servicio y que el año pasado su costo andaba por 2 mil 500 pesos, se explica si no el sonoro fracaso, sí los muy modestos logros de los intentos legales por tener una muerte digna.
Del 7 de enero de 2008 a la fecha, los mexicanos seguimos a merced de cerrazones mentales, ideológicas, religiosas, económicas y comunicacionales, que aluden a la “ortotanasia o muerte correcta”, sin provocar la muerte de manera directa o indirecta, con excepción de que ésta sea en la vía pública.
