Malinaltepec, Gro., Los coordinadores de la casa de justicia de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, ubicado en la Montaña alta de Guerrero, aseveraron que en esta zona no se requiere la presencia de la Guardia Nacional: “Aquí nuestros policías comunitarios vigilan el territorio día y noche. Tenemos nuestro sistema que rige en las comunidades, hay seguridad e incluso capacidad para enfrentar a la delincuencia”.

El líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Angelín Avilés García, comparó: “El gobierno manda (soldados) sólo por un periodo, se acaba y se van, y sigue la delincuencia. Por eso aquí la vigilancia es permanente, la policía civil resguarda a la ciudadanía. Nosotros no estamos de acuerdo con que (los militares) regresen”.

Dijo que en la actualidad el problema son las extorsiones: “Hay personas que introducen drogas, pero estamos alertas a cualquier situación”. Señaló que antes era la delincuencia común, pero ahora “es el crimen organizado; por eso nos preparamos para enfrentarlo”.

En entrevista antes de iniciar la marcha de conmemoración del 27 aniversario de la creación de la CRAC-PC, en la que participaron al menos mil personas, el profesor y coordinador Eudocio Cruz Mendoza explicó que gracias a la policía comunitaria los delitos de robo y el robo a casa habitación han bajado, hay menos secuestros y ante cualquier anomalía los pobladores se comunican, cierran el pueblo “y no hay escapatoria (para los delincuentes)”.

Recordó con orgullo que “aquí en Santa Cruz del Rincón se fundó la CRAC en 1995. Participaron el padre Mario Campos Hernández, Apolonio Cruz Rosas, Francisco Navarro Flores, Bulmaro Avilés Mendoza, Tolentino González Manuel, Onésimo Oropeza, Catalina García y el comisario de aquel tiempo, el profesor Santos Adolfo Mendoza Macedonio”.

Por su parte, Avilés García, agregó: “En la CRAC de Santa Cruz participan tres colonias y dos comunidades; aquí fue el lugar sede, donde se fundó esta casa de justicia, que fue creada debido a que en esos años había mucha delincuencia en la comunidad, en la carretera; ocurrían asaltos, violaciones, y los hombres fueron golpeados. Hoy todo esta más tranquilo”.

Precisó que hay una situación lamentable “porque la ley 701 anteriormente en un apartado reconocía a las comunidades indígenas, a la policía comunitaria, pero con la última reforma que hicieron los diputados locales quitaron todo esto. Hubo una encuesta en la que nunca consultaron a los pueblos para reformar la ley 701. Ahora ya no se respeta a las comunidades”.

Cruz Mendoza habló de la división con la casa de justicia de San Luis Acatlán, que los llevó a la separación. “Exactamente no sabemos nosotros por qué se fueron las comunidades. La CRAC se creó aquí, pero como empezaron a decir que este no era un lugar muy adecuado, la trasladaron a la Casa del Tamarindo en San Luis Acatlán. Se dividió como en 2013, pero El Rincón sigue hasta la actualidad”.

Puntualizó que todavía se rige por el mismo reglamento que surgió en 1995: “La justicia y las determinaciones se dan en las asambleas regionales; nada lo deciden los coordinadores, todo se somete a la asamblea regional”.

Comentó que tampoco los partidos han influido. “Todo acuerdo se toma mediante la asamblea general, que es la que determina desde la asignación de policías hasta coordinadores, comandantes regionales o de grupo. No existe ese divisionismo partidista”.

Acuerdan castigar venta de niñas hasta con 15 años de cárcel; no es parte de los usos y costumbres, aclaran

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

San Luis Acatlán, Gro., Con una marcha en la que participaron al menos 2 mil policías comunitarios, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) celebró el 27 aniversario de su fundación. El festejo también se llevó a cabo en la casa de justicia de San Luis Acatlán.

Los integrantes instalaron el viernes y sábado cinco mesas de trabajo donde se abordó la venta de niñas, entre otros temas; recordaron a los fundadores de la organización y algunas agresiones a la corporación.

Además, Vidulfo Rosales, abogado de la organización, precisó que la abrogación de la ley 701, que los reconocía como guardias comunitarias, fue responsabilidad de gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, las actuales administraciones nio hacen nada y se niegan a legislar.

En las mesas también trataron temas relacionados con el reglamento interno y constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sistemas normativos y el sistema de seguridad, justicia y reeducación de la CRAC-PC, así como la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.

En esta última, Delfina Morales López, coordinadora de Cochoapa, municipio de Ometepec, y la consejera de San Luis, Herlinda González Ramos, hablaron de la venta de niñas en algunos municipios de la Costa-Montaña.

Dijeron que es un problema que se arrastra desde la llegada de los españoles y que en el porfiriato se “apartaban” las mujeres, aunque fueran de edad avanzada.

Aclararon: “Se nos sataniza, pero eso no es parte de nuestros usos y costumbres, son prácticas que fueron traídas. Acordamos que se castigará severamente a las personas que intenten vender a las menores, incluidos los padres; tendrán una sanción de 10 a 15 años en la cárcel”.

Durante la inauguración del acto, Rosales Sierra se refirió a la creación de la CRAC-PC y recordó que los gobiernos no brindaron seguridad a las comunidades; por eso “tuvieron que ser los pueblos y comisarios los que rescataran nuestros usos y costumbres y ahí se encontró la solución al problema que azotaba esta región.

“Hoy con orgullo podemos decir que es la zona más segura del estado de Guerrero; podemos transitar, no hay secuestros ni homicidios; este lugar no está bañado en sangre como las otros por la incapacidad de las autoridades y las fuerzas de seguridad del estado. La CRAC demuestra y da ejemplo de cómo ejercer la justicia y brindar seguridad comunitaria”, aseguró.

El abogado advirtió que también “estamos en la indefensión jurídica por la abrogación de la ley 701.

Por su parte, Juan Antonio García Fidencio, ex coordinador de la CRAC en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, denunció que hace más de un mes elementos del Ejército Mexicano incursionaron en territorio comunitario “según ellos porque el gobierno federal pueden entrar donde sea”.

De la entrada de la Guardia Nacional a su territorio opinó que “es cuestión de platicar con la administración estatal y llegar a un diálogo”.

Detalló que el gobierno “sabe perfectamente bien lo que pasa, como el caso muy lamentable de San Miguel Totolapan, la masacre de El Charco y el desarme que hubo en El Paraíso. Por eso nosotros seguiremos como CRAC”.

En tanto, el vocero de la casa de justicia de San Luís Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un tema que se debatirá en las comunidades, pues “hay una incongruencia de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que antes de que llegara al cargo se oponía a la militarización y ahora es lo que está haciendo, y eso es grave, pero estaremos vigilantes de que no se vulneren nuestros derechos”.

A 27 años de su creación, la CRAC-PC tiene presencia en 215 comunidades de 29 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica. Cuenta con más de 2 mil 500 policías rurales, en las cinco casas de justicia de San Luís Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Juntas de Caxitepec.