Molango De Escamilla, Hgo. Familiares de seis campesinos de la comunidad Ixcotla del municipio de Molango de Escamilla arrestados el 15 de octubre, cuando la policía estatal desalojó un bloqueo en el camino de acceso a una mina de la empresa Autlán, propiedad de Juan Antonio Rivero Larrea, aseguraron que las aprehensiones fueron ilegales y exigieron la inmediata liberación de sus parientes –recluidos en los separos de la policía estatal en Pachuca–, a quienes se acusó de obstrucción de una vía de comunicación y ultrajes a la autoridad.

El Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y Radio Huayacocotla La Voz Campesina coincidieron, en un comunicado, en que las detenciones fueron arbitrarias y sin fundamento.

Recordaron que anteayer “se presentaron los camioneros de la minera Autlán junto con seis patrullas de policías estatales. Sin previo diálogo avanzaron sobre la gente que mantenía el plantón y la obligaron a replegarse. Golpearon a tres hombres y una mujer y apresaron a seis personas”.

Según habitantes, la minera Autlán llegó en 2011 a Ixcotla y desde entonces utiliza explosivos en sus actividades para extraer manganeso, por lo cual debió cerrar una escuela en 2014 a causa de daños estructurales. Los inconformes afirman que esos trabajos dañaron al menos 20 viviendas.

El conflicto se agudizó cuando el consorcio financió a la localidad Naopa para que comprara un terreno perteneciente a Ixcotla, donde se encuentran manantiales que los abastecen de agua.

Desde el pasado 5 de septiembre, labriegos impidieron a transportistas que laboran para Autlán llegar a la mina por una entrada de Ixcotla, y argumentaron que el problema no era entre comunidades o con Autlán sino de subsistencia, por el derecho comunitario al agua y los recursos naturales.

Se establecieron más de 10 mesas de negociación, en las que participaron funcionarios de la administración estatal que encabeza el gobernador morenista Julio Menchaca, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Eduardo Meneses. Ante la nula respuesta a las demandas de vecinos, éstos mantuvieron su plantón.

En entrevista, Jaqueline, pariente de uno de los detenidos, aseguró que los policías no presentaron un ordenamiento judicial para retirar la movilización, y luego de liberar el camino que lleva a la mina conductores de camiones de carga transitaron resguardados por uniformados.

Los vecinos reprocharon la acción de los agentes, y un individuo que acompañaba a los policías les aseguró que no necesitaban documentos para realizar el operativo. La informante expuso que alguien gritó: “¡Treinta y cinco, treinta y cinco!”; entonces los uniformados arremetieron contra los manifestantes.

Detalló que fueron capturados Hugo Orlando García, Antonio Díaz, Arturo García, María Aleyda García, Reyna Vázquez y Federico Vázquez. Los policías afirmaron que había una carpeta de investigación en contra de este último, pero no precisaron qué delitos se le imputan.

Los manifestantes se dispersaron, y entonces los agentes retiraron una carpa que había en el lugar, además de que destruyeron utensilios de cocina y camastros, dijo.