Con la decisión de utilizar el fondo de contingencias laborales para entregar las prerrogativas a los partidos políticos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) corre el riesgo de no cumplir con las sentencias jurisdiccionales a favor de trabajadores, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, advierte el acuerdo que el Consejo General aprobó el jueves pasado en sesión urgente.

Al momento suman más de 100 demandas laborales en las que la autoridad puede ser condenada al pago de prestaciones como fondo de ahorro y vales de despensa que reclaman las partes actoras, por lo que son necesarios 70 millones de pesos de los 100 millones que contiene el fondo, indica el documento.

Con ese fondo también se pagará el financiamiento de los partidos en el último trimestre del año.

La situación se convertirá en una nueva presión económica para el IECM el próximo año, ya que el fondo de contingencias laborales requerirá unos 80 millones de pesos, de acuerdo con el documento.

En entrevista, el consejero electoral Bernardo Valle reconoció que existe un riesgo de insolvencia al utilizar esos recursos.

“Si un tribunal colegiado nos condena y nos dice: ‘paga a tales funcionarios cierta cantidad’, pudiéramos llegar a una situación donde no podríamos pagar estos montos.

“Al final cumplimos con lo que la sala superior nos obligó (entregar las prerrogativas), y los partidos ya tienen la certeza de que se les entregará el dinero, pero también es cierto decir que lo estamos utilizando de un fondo que tenía otro destino, y que estamos destapando un hoyo para tapar otro. Es un tema complejo”.

Las sentencias que emiten los tribunales jurisdiccionales deben ser cumplidas, de lo contrario, dijo Valle, los consejeros electorales podrían caer en desacato, cuyas consecuencias pueden ser desde dar vista a la contraloría interna, hasta la separación del cargo; dicha hipótesis, apuntó, “no la hemos encontrado”.